Frecuentemente, los partidarios de la justiciabilidad directa de los derechos sociales tienden a defender una sola visión de la justicia social, y sólo una forma de solucionar sus problemas, pretendiendo reforzar su punto de vista con la fuerza del Derecho. Sin embargo, así se pone en peligro la libertad de los ciudadanos y de las sociedades para elegir o alejarse democráticamente de determinadas ideologías o políticas públicas, y encontrar así salidas efectivas al problema de la pobreza; sin perjuicio de las disfunciones provocadas por usar al Derecho como herramienta de transformación social. Asimismo, podría minusvalorarse el imprescindible aporte del constitucionalismo tradicional a los problemas políticos de nuestras sociedades latinoamericanas.