El acceso a los servicios públicos se muestra condicionado en países en vías de desarrollo: las entidades públicas carecen de un presupuesto necesario y abundan limitaciones logísticas y de personal derivadas del elevado volumen de requerimientos. En el caso peruano, la accesibilidad a servicios vinculados al ámbito de la impartición de justicia es limitado, en especial para las personas con discapacidad. Las entidades públicas no han logrado identificar las consecuencias negativas de una atención negligente o disfuncional respecto de estos/as ciudadanos/as. Frente a ello, mediante una metodología cualitativa con alcance descriptivo, en este documento se pretende evaluar el acceso a la justicia como derecho y servicio públicos de la población peruana con discapacidad, y argumentar que los mecanismos legales y reglamentarios son ineficaces para mejorar la capacidad de atención especial y diligente del Estado. Los resultados resaltan la necesidad de reformar los sistemas de atención y evaluación de las entidades públicas peruanas, incorporando ajustes razonables, con la finalidad de ofrecer una respuesta equitativa a las demandas de las personas con discapacidad en cuanto a la garantía de sus derechos y acceso a servicios públicos.