Los autores analizan la reciente Ley Nº 30933, Ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. Estiman que el propósito del novedoso cuerpo legislativo es loable, sin embargo, se generan algunas contravenciones a los derechos de tutela efectiva y debido proceso. En tal sentido, afirman que pudieron haberse adoptado otras opciones (como el proceso monitorio) para salvaguardar el derecho que los arrendadores

reclaman a través del desalojo.