Los autores sostienen que en el Derecho de Familia no se puede establecer a priori una regla general que sirva de pauta normativa para la generalidad de los casos. En tal sentido, considera que en los casos de disposición de los bienes sociales por un solo cónyuge, el remedio debe ser la eficacia suspendida, toda vez que existe una ausencia de legitimidad para actuar; no obstante, en los casos en que se demuestre la mala fe del adquirente, devendrá en nulo, pues el negocio jurídico presenta un vicio de finalidad ilícita (inciso 4 del artículo 219).