El amparo no es un mecanismo para dar órdenes a un conjunto indeterminado de personas, menos aún creando plazos para implementar políticas públicas y rendirle cuentas de ello al Tribunal Constitucional. Pretender utilizarlo de esta manera constituye un abuso del poder y una distracción de las tareas resolutivas propiamente dichas. Al 15 de mayo de 2018, existen 10352 causas pendientes de ser resueltas por este Tribunal. Esta situación requiere concentrarnos en la resolución de casos puntuales, que nos encarga la Constitución.