¿Qué abogados necesita hoy nuestro país? ¿Qué habilidades y conocimientos deben poseer para dar respuesta a las necesidades que reclama la sociedad? ¿Las instituciones educativas están formando a esos abogados? Destacados académicos nos ofrecen la perspectiva de la instituciones educativas en las que se desempeñan.

José María Aramburu es director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, campus Ciudad de México.

Raúl Contreras Bustamante es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Javier Martín Reyes es coordinador de la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Iliana Rodríguez Santibañez es profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, y asesora de HeForShe.

Ana María Zorrilla Noriega es coordinadora de la Clínica en Derecho y Política Pública y del proyecto Cultura de la Legalidad del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Gerardo Laveaga: Para evaluar si la enseñanza del Derecho va por buen camino, habría que preguntarnos, ante todo, para qué sirve un abogado…

Iliana Rodríguez: Yo diría que para prevenir problemas y atender los existentes. Para facilitar a la sociedad el camino hacia el Estado de Derecho. Esto nos conducirá a una sociedad armónica. Carnelutti aseguraba que, si hubiera libertad, no se necesitaría el Derecho. Como no es así, necesitamos orden jurídico. El abogado debe desbrozar el camino.

Raúl Contreras: Coincido: la profesión jurídica debe estar diseñada para que quienes la practicamos seamos capaces de atender problemas y para que éstos se resuelvan de manera pacífica. Sólo así puede evitarse la violencia.

Javier Martín: A lo que han dicho mis colegas añadiría que un abogado tiene que saber pacificar conflictos sociales a partir de soluciones convincentes y congruentes con las normas jurídicas actuales. Éste es un parámetro importantísimo para saber si la enseñanza del Derecho cumple o no su cometido.

José María Aramburu: Sin duda. Un abogado es especialista en la ley. Es quien la usa, el que la aplica, el que la interpreta. En el Congreso debieran predominar los abogados para hacer las leyes. Estoy de acuerdo en que antes que resolver las controversias un abogado debe prevenirlas. Eso sí, esto debe hacerse sobre dos grandes ejes: la ética y la legalidad.

Ana Zorrilla: Resolver y prevenir problemas con base en las normas jurídicas, sí, pero los abogados también debemos contribuir en la reversión de tendencias nocivas presentes en la sociedad. Se espera que actuemos como agentes del cambio social, fortalecedores del Estado de Derecho e impulsores de la cultura de la legalidad.

Laveaga: El perfil que ustedes describen no podría ser más ambicioso. La siguiente pregunta, la pregunta obligada sería, entonces, ¿qué destrezas debe desarrollar un abogado para satisfacer este perfil? ¿Qué debemos esperar de la formación profesional?

Aramburu: En un mundo global, necesitamos abogados globales. Abogados plurales, especializados, tolerantes y bilingües (pienso en el inglés, desde luego). Deben tener un compromiso social pero también recibir una formación interdisciplinaria y dominar las tecnologías de la información.

Contreras: Me gusta lo del compromiso social. Si consideramos que 70 por ciento de los juicios que se desarrollan en México son del orden familiar y civil, quiere decir que involucran a familiares, socios, vecinos y ex amigos. Lo que más debiera importar, pues, es desarrollar la actitud de los futuros abogados para pacificar a la sociedad. Esto exige conciencia social antes que destrezas académicas. Debemos insistir en la deontología y en el compromiso social.

Zorrilla: Una educación de calidad —en cualquier nivel— es aquella que prepara al estudiante para resolver exitosamente los retos propios de la realidad en la que se desarrollará. Desde mi punto de vista, una educación universitaria de calidad propicia que los futuros abogados desarrollen habilidades en tres grandes pilares: el cognitivo (teoría y técnica jurídicas), el interpersonal (liderazgo, empatía y trabajo colaborativo) y el ético (criterio sólido y conciencia social).

Rodríguez: Lo más importante es que un abogado comprenda por qué quiere ser abogado. Las competencias que desarrolle deben partir de su vocación, la cual implica pensamiento crítico, capacidad argumentativa, destrezas para escribir y hablar en público y gusto por la lectura, entre otras. Esta vocación habrá que forjarla pues el abogado no nace, se hace. Pero la vocación es esencial.

Martín: Un querido amigo dice que muchos estudiantes se inscriben a la carrera motivados por la idea de la justicia y acaban siendo adoradores de la ley. Ciertamente, los alumnos deben diferenciar entre convicciones personales y responsabilidades profesionales, además de desarrollar destrezas técnicas y argumentativas. Pero, al mismo tiempo, es imprescindible una vocación por transformar la realidad. No necesitamos más abogados, sino otro tipo de abogados.

Laveaga: ¿Consideran ustedes que las escuelas de Derecho en México están formando a los abogados que el país necesita hoy día? Tengo la sensación de que muchas de ellas viven en el pasado…

Martín: ¿Cuáles escuelas? Precisemos. La licenciatura en Derecho del CIDE nació hace casi 20 años, con la misión de formar abogados de una forma distinta: con un enfoque multidisciplinario, con énfasis en el desarrollo de habilidades argumentativas y con la convicción de vincular teoría y práctica en un mundo globalizado. Algunas universidades también han innovado. Pero —ojo— tenemos casi 2,000 escuelas de Derecho en México y, sí, la inmensa mayoría sigue viviendo en el pasado.

Rodríguez: Eso se debe a que miles de estudiantes y padres de familia creen que la carrera de Derecho es la más fácil y económica. Eso explica la proliferación de “escuelas patito” y, a menudo, es el criterio para inscribirse. Cuando en realidad es todo lo contrario. Su conocimiento y su esfuerzo la hacen compleja y valiosa en todo sentido.

Laveaga: Me inquieta pensar que en materia de política educativa es más importante otorgar un título para hacer sentir bien a las familias —“tengo un hijo ingeniero y una hija médica”— que en impartir los conocimientos y las destrezas que exige una comunidad. Me contaba el rector de la Universidad de Chiapas que lo que necesita su estado son agrónomos, pero que, en el estado, todo el mundo quiere ser abogado. ¿Da lo mismo, entonces, que se impartan unas materias que otras?

Rodríguez: Esta percepción obliga a que las mejores escuelas inviertan en laboratorios, en espacios donde se aprenda a debatir, a programar, etcétera. Que den verdadero sentido para lo que se preparan los abogados en formación. En el Tec, por ejemplo, contamos con espacios para la teoría de juegos en salas de decisiones, escenarios en salas de negociación, cámaras de Gessell y salas de juicios orales...

Contreras: Haciendo la salvedad de que en el Tec y en otras instituciones similares se forman abogados para servir a las empresas. El neoliberalismo forma sujetos para el mercado. En la UNAM nos esmeramos en formar abogados con una visión humanista.

Laveaga: Hay quienes sostienen que tanto las escuelas “neoliberales” como las “humanistas” sólo buscan reproducir el statu quo. Que nada cambie; que todo siga igual, más allá de la narrativa de la que se eche mano.

Rodríguez: Cada institución tiene su propia impronta, de acuerdo con el tiempo y las circunstancia; no hay un estándar que homologue a las escuelas a partir de adjetivos utilizados para calificar su esencia, que es preparar mejores abogados(as) al servicio de la sociedad, independientemente del énfasis y los recursos de cada programa educativo.

Zorrilla: Cada escuela de Derecho tiene —o debe tener— su propia filosofía, método y propósito. En el ITAM buscamos que los estudiantes, lejos de reproducir el estado actual de las cosas, cuenten con las herramientas suficientes para conocer, criticar y cambiar la realidad desde el ámbito de especialización en el que decidan desarrollarse.

Contreras: Honestamente yo no creo que, hoy por hoy, pudiéramos reproducir el statu quo. Si un litigante defiende el statu quo, su contraparte exhibirá un tratado internacional que lo dejará fuera de combate.

Aramburu: Cada escuela tiene su propia filosofía y promueve los valores y los conocimientos en los que cree. No me parece incorrecto que así sea. Incluso si se buscara mantener el statu quo. No es el caso de La Salle, desde luego. Nuestra facultad busca la calidad junto con la pertinencia de un plan de estudios actualizado a la realidad social, bajo un carisma de fe, fraternidad y servicio específico.

Zorrilla: También a nivel global existen diversas maneras de reaccionar ante los retos actuales de la educación jurídica: mientras que algunas escuelas se encuentran en un proceso de constante transformación, otras se resisten y optan por continuar con los métodos tradicionales. En el ITAM estamos coordinando para la región de América del Norte el proyecto “Developing a Blueprint for Global Legal Education”, organizado por la Barra Internacional de Abogados y la Liga Global de Escuelas de Derecho. Ha sido interesante encontrar tres principales cambios que se están implementando alrededor del mundo para responder a los desafíos globales. Primero, se está dando un proceso de internacionalización del estudio del Derecho, en cuanto a los integrantes de las facultades, las experiencias de los estudiantes y los contenidos curriculares. Segundo, en relación con la tecnología, se detecta un mayor uso de herramientas tecnológicas en clase, el tránsito a cursos digitales, así como la inclusión de materias, incubadoras y clínicas en las que se estudian problemas relacionados con este tema. Tercero, ante la necesidad de desarrollar en los estudiantes las llamadas habilidades del siglo XXI, existe la tendencia de incorporar programas de aprendizaje experimental, como concursos, simulaciones y, sobre todo, clínicas jurídicas.

Laveaga: ¿Cómo se explica, entonces, que mientras en algunas escuelas como el Tec y el ITAM se tengan estos avances, en otras se sigan impartiendo asignaturas como Derecho Romano?

Contreras: No hay que olvidar que los romanos inventaron el Derecho. Su estudio nos da bases para entender el Derecho vigente.

Martín: El Derecho romano es importantísimo y debe estar incluido en los cursos relevantes. Pero creo que es un error impartirlo como una materia obligatoria y autónoma. O, peor aún, como una especie de introducción al estudio del Derecho. No en balde universidades del mundo latino como la de Buenos Aires, la Torcuato Di Tella o la Pompeu Fabra, no la contemplan como una materia obligatoria.

Rodríguez: Nadie niega la importancia del Derecho romano, pero creo que debe subsumirse en otras asignaturas. En el Tec se quitó en 2003 y tuvimos que incluirlo de nuevo en los planes vigentes por el peso de la tradición romanista en nuestro Derecho. En el modelo Tec 21, Derecho Romano es una materia de formación, impartida a través de retos y problemáticas diseñados a partir de figuras como el repudio y la propiedad, entre otras. Hay un método innovador en su impartición que la revitalizan.

Martín: Las presiones y el peso de la tradición son enormes. El CIDE, por fortuna, siempre ha apostado por un programa interdisciplinario y minimalista. En cierta medida, nuestro programa es una respuesta directa a los viejos programas maximalistas, como el que tuvo hace muchos años la UNAM, con casi 80 materias y con obligatorias como Derecho procesal agrario.

Aramburu: En la Salle contamos con 15 materias de área común que representan nuestro carisma y coadyuvan a la formación integral de la persona, y con 60 materias profesionalizantes. La última actualización fue en 2015. De aquí salieron fortalecidas materias como constitucional, amparo, penal y mercantil. Estamos impartiendo también asignaturas totalmente prácticas vinculadas al ejercicio del estudiante, como teoría del caso, lógica y argumentación jurídica, taller de litigación oral y métodos alternos de solución de controversias.

Laveaga: ¿Qué materias suprimirían ustedes del programa actual si estuviera en sus manos hacerlo?

Aramburu: Sin duda es necesario hacer una evaluación para ver la pertinencia de mantener algunas materias como historia universal de las instituciones jurídicas, Derecho mexicano, sociología jurídica y Derecho romano, con objeto de incluir más clínicas y otras materias más prácticas.

Contreras: En la UNAM estrenamos plan de estudios hace seis meses, por lo que yo no quitaría ni agregaría materia alguna en este momento. Buscamos formar abogados que sean conciliadores y mediadores, en lugar de litigantes y pleitistas. Hoy es más difícil que nunca enseñar Derecho. No deseo entrar en discusión con Javier Martín, pero sí defenderé el Derecho agrario, el romano y el indígena: algunos de los abogados corporativos que forma el Tec y el CIDE incurren en errores básicos cuando asesoran a empresas en materia de energía —por ejemplo— porque ni siquiera saben que existe el ejido y que una gran parte del territorio nacional es afecto a la legislación agraria y también a los derechos de las comunidades indígenas.

Zorrilla: En el ITAM también estamos estrenando un plan de estudios para la licenciatura en Derecho que incluye materias que se complementan para lograr una formación integral excelente en términos humanos y académicos.

Martín: ¿No deberían ser los derechos indígenas un contenido transversal? Creo que son indispensables en asignaturas como Derecho constitucional, Derecho internacional público o Derecho administrativo. Para mí sería importante ofrecer otras materias, con un énfasis práctico, sobre la relación entre el Derecho y temas de punta como las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial.

Contreras: Ahora enseñamos 60 por ciento de teoría y 40 por ciento de práctica. Pero eso cambiará pronto, porque vamos a enfocarnos mucho más en el uso de tecnologías de la información.

Zorrilla: Mediante el nuevo plan de estudios para la licenciatura en Derecho del ITAM buscamos que cada estudiante desarrolle sus capacidades tanto en la teoría como en la práctica. Mientras que algunos cursos se ocupan de razonamiento, argumentación e interpretación jurídicas, otros —que se imparten en inglés— fomentan el entendimiento de los sistemas jurídicos a través del Derecho comparado y las llamadas global legal skills, y varios otros tienen una naturaleza clínica, lo cual significa que los estudiantes gestionan casos o proyectos reales con la orientación del docente.

Rodríguez: Más que quitar, es transformar. En el Tec coexisten dos programas: Tec 20 y Tec 21. Este último inició en agosto pasado y busca que los licenciados en Derecho del Tec de Monterrey cuentan con cuatro grandes distintivos: 1) Derecho y tecnología: el plan de estudios incorpora elementos indispensables para afrontar los retos actuales y futuros de la transformación digital, como el lenguaje de programación con un enfoque en las ciencias sociales, la estadística y el uso de tecnologías. 2) Formación multidisciplinaria: en los primeros semestres se imparten bases para la economía, la ciencia política, las relaciones internacionales y el Derecho, así como áreas de especialización en los ámbitos del Derecho y la tecnología; el acceso a la justicia; la empresa y el cumplimiento regulatorio; gobierno y desarrollo de infraestructura, así como Derecho internacional y arbitraje, sin desconocer los elementos propios de una larga y valiosa tradición jurídica. 3) Seminarios de investigación: privilegiando el enfoque disciplinar y la consideración de modelos comparados. 4) Visión internacional: nuestros alumnos contarán con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos globales; de ahí que nuestro programa impulsa no sólo el análisis de modelos jurídicos comparados sino también la experiencia de estudiar parte de la licenciatura en Derecho en las universidades más prestigiosas del mundo.

Aramburu: Todo esto se dice fácil. No lo es. Muchos maestros rebasan los 50 años de edad y no se adaptan a las nuevas tecnologías. Incluso, les cuesta trabajo dar una clase a distancia. Es un gran reto, pero La Salle apuesta a la educación virtual para el futuro.

Laveaga: Más allá de la edad, les confieso que lo que a mí me mueve a dar clases es el contacto directo con las nuevas generaciones. Las máquinas, por más sofisticadas que sean, no me dan ese contacto. Si un día sólo se impartiera educación a distancia, yo renunciaría a dar clases.

Rodríguez: De acuerdo, pero independientemente de nuestros móviles personales, éstos no justifican que nos quedemos con programas y profesores anticuados. Los profesores que no se adapten deben capacitarse; y si no lo hacen, dedicarse a otra actividad. Más en tiempos como éstos —y me refiero al coronavirus—, que exigirán, como nunca, educación a distancia.

Aramburu: Por eso nos preocupamos también por la formación de los maestros. Pero, insisto, no es fácil vencer las resistencias. La Universidad La Salle realizó un gran proyecto que es la Universidad y la Educación Virtual y hacia allá nos tenemos que dirigir.

Laveaga: ¿Se justifica la impartición de materias de contenido moral en este escenario? ¿Debe la universidad suplir las carencias de la educación básica y media?

Zorrilla: Si bien la formación cívica y ética debe efectuarse desde niveles educativos previos a la universidad, también se trata de un elemento fundamental dentro de la carrera de Derecho. En el ITAM todos los estudiantes de nuevo ingreso comienzan su licenciatura con la materia Cultura de la legalidad. Después de comprender los conceptos básicos de Estado de Derecho, cambio social y responsabilidad ética de la profesión, los estudiantes diseñan y ejecutan un proyecto para solucionar un problema de su entorno cercano.

Rodríguez: Cada universidad lo decide de acuerdo con el objetivo de su visión institucional. En el Tec de Monterrey nuestra visión procura “liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano”. Nuestro objetivo pone a la persona al centro, para crear un mundo sostenible, y eso sólo es posible a través no de una materia, sino de una cultura honorable y colaborativa para la sociedad.

Aramburu: Si damos materias morales es porque muchos jóvenes no tienen las bases elementales desde la preparatoria. Y, si me permiten ir más allá, en muchas de las 2,000 universidades a las que alude Javier los alumnos ni siquiera saben leer y escribir bien.

Martín: En lo personal, me gusta el modelo estadounidense, que posee tres etapas claras. Primero, todo alumno de Derecho tiene una licenciatura previa, que garantiza una formación interdisciplinaria y, por lo general, un pensamiento crítico y la visión humanista que bien descata José María. Luego viene el posgrado en Derecho, que suele tener un primer año concentrado en materias torales, para luego pasar a la especialización y a la enseñanza clínica. En México, sobre todo por las carencias de la educación básica y media, creo que no tenemos más alternativa que tratar de concentrar estos tres bloques dentro de nuestras licenciaturas.

Laveaga: A manera de conclusión, ¿hacia dónde va la enseñanza del Derecho en México?

Contreras: Desde la visión de la Universidad de la nación, deberá ser una preparación integral, que haga realidad plena el derecho humano a la educación de excelencia y que forje alumnos con una gran conciencia social al servicio de las mejores causas que México demanda y necesita.

Zorrilla: Considerando los grandes retos sociales y el relevante papel que tenemos los abogados para contribuir en su solución, es indispensable redefinir el curso de la educación jurídica en México. Si el camino debe ser la regulación de su calidad, el aumento de requisitos para la creación de nuevas escuelas, programas de certificación para las que ya existen, la colegiación obligatoria o una combinación de todo lo anterior, son tan sólo algunos de los caminos sobre los que debemos reflexionar de manera conjunta.

Aramburu: A educar y formar abogados globales, tolerantes, plurales, responsables, ética y socialmente bilingües, con conocimientos en tecnologías de la información y con la capacidad suficiente para trabajar en equipos transdisciplinarios. Se deben impartir más clínicas; más práctica, el aula inversa debe suprimir en breve a la cátedra tradicional y formar estudiantes más autónomos e independientes del profesor. Vamos a vivir en breve la internacionalización del Derecho; será necesario estudiar el neuroderecho: la vinculación del Derecho con la neurología, la psicología, la inteligencia artificial será una realidad en todos los países. Creo que los posgrados de largo plazo irán desapareciendo, sustituidos por cursos cortos muy especializados y profesionalizantes.

Rodríguez: En el Tec la formación teórica del Derecho está asegurada en las grandes universidades. Existe una rica y probada experiencia. Sin embargo, los cambios sociales, económicos y tecnológicos nos obligan a ir más allá. Debemos cambiar metodologías de enseñanza hacia aquellas que permitan el desarrollo de competencias (conocimiento + habilidades) en los estudiantes. Las generaciones han cambiado y es importante adaptarnos a sus necesidades; la sociedad exige perfiles multidisciplinares y con soft skills sólidas; la tecnología debe ser aprovechada en y para la enseñanza y el ejercicio del Derecho. Y eso es lo que hemos hecho en el Tecnológico de Monterrey con el modelo educativo Tec 21: apostar al futuro, transformando el presente.

Martín: Distinguiría entre lo descriptivo y lo prescriptivo. En los hechos, en la mayoría de las casi 2,000 escuelas de Derecho a las que aludí la educación está en crisis y no va a ningún lado. Tenemos un modelo insostenible que genera falsas expectativas y que impide que la abogacía sea útil para la sociedad. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? Hacia una renovación radical: de los contenidos curriculares, de las metodologías de enseñanza, de nuestros materiales didácticos, de la dimensión ética de la abogacía y del modelo de licenciamiento. Hay que superar la nostalgia de un pasado idílico que nunca tuvimos.