Eduardo Medina Mora nunca debió llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por su cercanía con el poder, por su falta de conocimiento en temas de justicia constitucional e incluso por incumplir con los requisitos que exige la ley suprema. Fue, sin embargo, ministro. En su designación se impusieron turbios acuerdos políticos, el mayoriteo y el desprecio por las reglas.

Después de esta lamentable experiencia, nació un amplio movimiento que exigió cambios en los procesos de designación. La petición de "sin cuotas ni cuates" demandó una auscultación abierta, paridad de género y el fin del amiguismo en los nombramientos constitucionales.

Su éxito fue parcial. Raúl Cervantes -abogado del PRI, senador con licencia y cercano al presidente Peña Nieto- no llegó a la SCJN por una fuerte presión social. Se consiguieron, además, mejoras marginales en las siguientes comparecencias ante el Senado. Pero, en general, los procesos de designación todavía se encuentran muy lejos de ser serios ejercicios de escrutinio.

La última designación de ministros, realizada ya en plena "4T", fue un claro retroceso democrático. Lo dijimos en su momento: "Las cuotas y los cuates del prianismo se quedaron cortos frente a la lógica abiertamente partidista de Morena". Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los senadores mandaron al diablo a la Suprema Corte.

Luego vino la escandalosa renuncia del ministro Medina Mora. De nueva cuenta, en este procedimiento la política le ganó al derecho. Al día de hoy nada se sabe aún sobre las causas de su renuncia. El Presidente la aceptó sin más y el Senado renunció a exigir cuentas y a fungir como un verdadero contrapeso.

Bajo este contexto, y justo después del fiasco que significó el nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo cierto es que poco podía esperarse de la nueva terna para cubrir la vacante dejada por Medina. Sin embargo, el viernes AMLO optó por enviar una propuesta distinta para la SCJN. En ella figuran tres mujeres: dos experimentadas servidoras públicas, Diana Álvarez y Margarita Ríos-Farjat, y una respetada constitucionalista, Ana Laura Magaloni.

Vista en su conjunto, es una mejor terna que las anteriores. Pero mal haríamos en detenernos a festejar lo que, en el mejor de los casos, es apenas una señal positiva (significativa, pero aislada) por parte del Presidente, quien apenas dedicó unas frases para justificar las propuestas.

El trabajo ahora le corresponde al Senado. Es hora de que sus integrantes se comporten a la altura de la situación. Si se toman en serio su papel como órgano de contrapeso, deberán indagar el pasado profesional de las candidatas, conocer sus concepciones sobre la justicia, cuestionar su posible simpatía o cercanía con el actual proyecto político, así como sus visiones y posiciones técnicas en temas fundamentales para la SCJN, como la igualdad de género.

Sería tan ingenuo como hipócrita pensar que la exigencia por una Corte sin cuotas ni cuates implica quedarse con los brazos cruzados si las propuestas del Ejecutivo resultan más aceptables que las candidaturas del pasado. La solvencia de cualquier persona que aspire a llegar a la SCJN no pasa sólo por cumplir con los requisitos constitucionales. Es indispensable, ante todo, una auscultación rigurosa y sin prisas en la sede legislativa. Sólo así podremos tener un designación dotada de verdadera legitimidad.

Tomarse en serio una designación al máximo tribunal del país no es cosa de abogados, sino un tema del mayor interés público. Es, en pocas palabras, una cuestión de elemental justicia.