Eduardo Medina Mora renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata no sólo de la primera renuncia de este tipo en 25 años en México, sino también de la dimisión de un político poderoso que abre la puerta a una reconfiguración del tribunal constitucional mexicano.

La renuncia se da en un contexto de confrontación entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el poder judicial. A lo largo de su carrera, el mandatario ha mostrado poca estima por las cortes y los jueces. Como candidato, AMLO preguntó a sus simpatizantes en un mitin de campaña: “¿Saben de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México? ¿Se han enterado de algo que hayan resuelto a favor del pueblo?”. Su respuesta fue categórica: “Nada”.

Después de su triunfo en 2018, las críticas no han parado. La lista de cuestionamientos es larga y va desde la negativa de los ministros de la SCJN de reducir su salario, hasta las resoluciones judiciales que han suspendido algunas de de las obras emblemáticas de la nueva administración. Y Medina Mora ha estado en el ojo del huracán.

Hace meses, en distintos medios de comunicación se acusó a Medina Mora de haber realizado transferencias “sospechosas” por más de 100 millones de pesos mexicanos. Él negó las acusaciones en una extensa carta aclaratoria que finalizaba: “Seguiré cumpliendo con mis funciones constitucionales como Ministro”.

La historia cambió drásticamente con la publicación de otra carta. En un escueto escrito dirigido al presidente, Medina Mora renunció a su cargo como ministro: “Ruego a usted acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución la someta a consideración del Senado de la República”.

El ruego de Medina Mora tiene cierto fundamento en la Constitución mexicana. El artículo 98 establece que las renuncias de los ministros serán sometidas al presidente y, si él las acepta, serán enviadas al Senado para su aprobación. Pero el mismo artículo señala que las dimisiones “solamente procederán por causas graves”.

Son muchas las interrogantes que se abren ante este escenario inédito. ¿Qué se debe entender por “causa grave”? ¿Es necesario que Medina Mora haga públicas las razones de su renuncia para justificar la gravedad? ¿Puede el presidente aceptar y el Senado aprobar una renuncia que nada dice sobre sus causas?

No faltará quién diga que este es un procedimiento en el cual el presidente y el Senado cuentan con absoluta libertad para decidir si aceptan o no la renuncia. Pero la Constitución exige que esta se acepte y apruebe exclusivamente por causas graves.

Si además consideramos que se está frente a un procedimiento de la mayor relevancia, en el que intervienen poderes públicos, existe una obligación constitucional de justificar los motivos de la renuncia en aras de la transparencia, las buenas prácticas gubernamentales y la rendición de cuentas.

La carta de Medina Mora no justifica alguna causa grave. A pesar de ello, se informó que AMLO aceptó la renuncia. El balón está ya en la cancha del Senado. Si los legisladores se toman en serio su papel, no sería descabellado que citaran a comparecer al aún ministro para exigir las razones de su decisión. Pero lo cierto es que, por la naturaleza del procedimiento, lo más probable es que la política le gane al Derecho y la renuncia sea aprobada.

Si se acepta la renuncia, se abrirá el proceso para una nueva designación en la SCJN. De acuerdo con el artículo 96 constitucional, el presidente deberá presentar una terna de candidatos, quienes deberán comparecer ante el Senado. La designación de ministros requiere del voto de una mayoría calificada (dos tercios del Senado), pero la propia Constitución permite que el titular del Ejecutivo elija a su candidato favorito si la designación no se produce en 30 días o si se rechazan dos veces las ternas presidenciales. Se trata de un procedimiento donde el presidente lleva todas las de ganar.

A los problemas de diseño institucional de la elección, se suma la experiencia de los dos procesos previos realizados durante esta administración. Las designaciones de Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel dejaron un mal sabor de boca: AMLO envió “ternas de uno”, con un candidato fuerte y otros dos poco presentables, y el Senado hizo las designaciones tras escrutinios ínfimos. La independencia judicial fue sacrificada en pos de la obediencia política.

Poco ganan las democracias cuando los tribunales constitucionales se llenan de jueces afines a los proyectos políticos del Ejecutivo. Si se acepta la renuncia de Medina Mora, AMLO estará en posibilidad de proponer al menos a cuatro (y posiblemente a seis) de los 11 ministros que integran la SCJN. Se trata de un número nada despreciable si consideramos que las votaciones más importantes exigen una mayoría de ocho votos. Cuatro es, precisamente, el número que permitiría que López Obrador y su partido Morena neutralizara las decisiones de la judicatura. El Senado decidirá si permite que la política le gane al Derecho.