No sólo tiene una; posee diferentes funciones. La primera consiste en establecer las reglas del juego para saber “qué podemos hacer” y “qué no podemos hacer”. Como sociedad necesitamos ciertas normas, reglas y principios que articulen todas nuestras interacciones sociales. La segunda consiste en dirimir los conflictos que se generen en la sociedad.

Su función social es imprescindible. Es difícil pensar en una sociedad que no tenga reglas básicas de convivencia. Sin el Derecho no podríamos tener sistemas constitucionales ni democracias constitucionales. Claramente, juega un papel fundamental.

 

Cumplen varias funciones. La más tradicional se centra fundamentalmente en transmitir y enseñar el conocimiento de la ciencia jurídica. Estudiamos y enseñamos las bases teóricas y metodológicas del Derecho, la dogmática jurídica, el Derecho positivo…

Con el paso del tiempo las cosas han ido cambiando. Actualmente algunas escuelas hemos apostado también por otro tipo de materias que desarrollan habilidades argumentativas, de interpretación, de comunicación oral y escrita, así como de negociación, conciliación y mediación. Creo que esto refleja una concepción del Derecho como una herramienta para resolver los conflictos que existen en la sociedad. No basta con estudiar y describir el ordenamiento jurídico en abstracto o asumir que el Derecho es un sistema de normas coherente y completo. Es necesario estudiar el Derecho en acción, así como echar mano de otro tipo de disciplinas ligadas a las ciencias sociales y a las ciencias naturales para resolver problemas jurídicos.

 

Además de las materias “tradicionales” —las teorías generales, los derechos sustantivos y procesales— existe otro tipo de materias que sería importante introducir en las escuelas de Derecho, enfocadas en fortalecer las habilidades de redacción, argumentación y comunicación. En el CIDE, por ejemplo, todos los estudiantes de Derecho toman tres materias dedicadas exclusivamente a escritura argumentativa. De manera adicional, creo que deberíamos poner mayor énfasis en la comunicación oral. Pienso que la oralidad será cada vez más importante en el Derecho.

Un segundo tipo de materias está relacionado con la naturaleza cada vez más interdisciplinaria de la profesión jurídica. El mejor ejemplo que tenemos es el análisis económico del Derecho: quienes realizan este tipo de análisis evidentemente necesitan una formación muy sólida en términos jurídicos y, al mismo tiempo, deben tener ciertas bases de matemáticas y de microeconomía. La apuesta por la interdisciplinariedad tendría que caminar no a una acumulación de diferentes materias diferentes al Derecho sino a la articulación de éste con distintos tipos de conocimiento.

 

Ambos. Tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico son indispensables. Quizá es importante comenzar con una carga de teoría sólida y después, con el paso del tiempo, movernos hacia lo práctico. Lo anterior no implica que el conocimiento teórico esté completamente desconectado de la práctica o de la realidad. En el CIDE y en otras instituciones pensamos que el conocimiento teórico del Derecho es fundamental, pero al mismo tiempo involucramos a los alumnos con casos prácticos, a través de los cuales pueden apreciar cómo la teoría y la dogmática eventualmente pueden ser traducidas en la resolución de conflictos específicos.

 

El CIDE tiene una combinación muy virtuosa que es difícil encontrar en otras instituciones. En primer lugar, contamos con un programa de estudios que genuinamente destaca el desarrollo de habilidades y competencias, por lo interdisciplinario y, al mismo tiempo, por el desarrollo de habilidades jurídicas muy sólidas. Nuestra colaboración con el resto de las divisiones y los programas del CIDE constituye una clara ventaja comparativa. En segundo lugar, somos una institución que ha apostado por el desarrollo de habilidades argumentativas y de comunicación, así como por la creación de espacios para ponerlas en práctica. Nuestra clínica de interés público es quizá el mejor ejemplo de lo anterior. En tercer lugar, apostamos por la calidad por encima de la cantidad. Poseer grupos selectos permite que los alumnos tengan una interacción y un acercamiento mayor con los profesores, que puedan participar más activamente en proyectos, y que aquéllos conozcan sus intereses y sus fortalezas, y, en consecuencia, que podamos ayudarlos a insertarse en espacios clave.

 

Quien estudia Derecho en la actualidad tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué México necesita otro abogado o abogada? Si algo revelan los estudios empíricos que se han publicado en los últimos años es que el número de escuelas de Derecho y de egresados raya casi en lo absurdo. Entonces, el problema no es que hagan falta abogados. A la sociedad no le faltan licenciados en Derecho, así en general. A México, a la sociedad mexicana, le hace falta cierto tipo de abogados, con una formación y una vocación distinta a la tradicional.

Cuando pensamos, por ejemplo, en el potencial transformador del Derecho, pensamos en la judicatura y en el impacto del litigio estratégico; ésas son áreas donde los abogados con una mentalidad distinta pueden hacer la diferencia y cambiar la realidad. Hay otros ámbitos de la vida en los que también hacen falta mejores abogados. Pienso en la sociedad civil, en los colectivos de grupos vulnerables, en la administración pública. En esas áreas los abogados que ven el Derecho no como un fin en sí mismo sino como una herramienta para resolver problemas, tienen genuinamente espacios de oportunidad. Alguien que quiere incidir de manera distinta en tipo de causas sin duda tendría que estudiar Derecho.

 

Deben existir perfiles muy diversos. Es indispensable tener abogados litigantes en todas las escuelas; es mucho lo que pueden aportar. Sin embargo, hay otro tipo de perfiles que se requieren en la docencia. Por ejemplo, en los primeros semestres, en las etapas formativas, se requieren profesores que tengan conocimientos pedagógicos para el desarrollo de competencias. Para enseñar a redactar y a argumentar a un abogado necesitamos maestros conozcan la materia y las particularidades de la redacción de documentos jurídicos. Si pensamos en las otras materias interdisciplinarias, se requieren docentes que tengan una formación dual. En resumen, debemos contar con una colección de perfiles y no constreñirnos a uno en particular.

 

Creo que en México sí hay una crisis de educación jurídica. Se debe, en buena medida, al modelo que tenemos para dar licencias a los egresados de cualquier programa. Hemos generado un mercado muy perverso. Hoy en día existen más de 1,800 escuelas de Derecho, lo cual se debe, en buena medida, a las escuelas de dudosa calidad que lucran con personas que buscan mejorar sus condiciones sociales y económicas. Cursar una licenciatura durante tres, cuatro o cinco años, con el modelo actual, garantiza la emisión de una cédula que permite al egresado litigar, acceder a cargos públicos o ejercer la profesión. Creo que esto es un error. No me queda claro si tenemos que transitar a un modelo de colegiación obligatoria o si basta un buen modelo de certificación. Las alternativas son amplias, pero no podemos seguir con el modelo actual.

La demanda por la educación jurídica y por las licencias genera un número extraordinariamente alto de personas que quieran estudiar Derecho, sin que exista un control mínimo de competencias o de calidad. Creo que, en ese sentido, hay una crisis muy clara en la educación jurídica en México.

 

Cambiaría dos cosas al menos. La primera: superar el paradigma formalista que hemos tenido históricamente. Cuando hablo de formalismo no me refiero a su sentido despectivo. Me refiero a la concepción del Derecho en la que el contexto y la realidad social son irrelevantes. No basta con pensar el ordenamiento como un conjunto de normas abstractas que nada tienen que ver los problemas reales de la gente. Es momento de reconocer que el Derecho es algo mucho más dinámico de lo que tradicionalmente hemos entendido. Ahí debemos cambiar el foco de atención.

La segunda: formar abogados que entiendan que las normas y el ordenamiento proporcionan herramientas para solucionar problemas. Eso debemos decírselo a los alumnos desde el primer día y ser consecuentes. ¿Cómo les enseñamos que el Derecho es una herramienta para transformar la realidad y resolver conflictos? Presentándoles casos reales, dándoles ejemplos acerca de cómo se ha utilizado el Derecho para transformar la realidad, enseñándoles que muchas veces no hay una respuesta única o correcta a un dilema jurídico y que eso representa una gran oportunidad.

 

La mediación, la conciliación y la negociación son actividades en las cuales los abogados tendrían que desempeñar un papel más activo. Para ello necesitamos capacitar a los estudiantes de Derecho con el objetivo de que puedan operar en estos ámbitos. En México hemos pensado que el litigo es la actividad por excelencia de los abogados, que un problema no esta jurídicamente resuelto hasta que se agota el último recurso, cuando en realidad la mejor manera de resolver un problema jurídico es prevenirlo o resolverlo durante sus primeras etapas. Hay que estudiar Derecho, y mucho, pero hay que estudiar un Derecho diferente, que sea útil para este tipo de mecanismos alternativos.

 

Para transformar la realidad social primero debemos entenderla. Un abogado, un operador jurídico, no puede proponer reformas útiles al ordenamiento si no conoce la forma en que opera en la realidad. El primer paso consiste, entonces, en entender el papel del Derecho vigente y efectivamente aplicado a la realidad. Si no contamos con ese diagnóstico, estaremos haciendo una serie de propuestas que no necesariamente corresponden con la realidad, o que simplemente no van a resolver los conflictos.

Personalmente pienso que el reto es doble. Por una parte, creo que en las próximas décadas hay que enfocarnos en las nuevas tecnologías, en la regulación de los sistemas de información, en la protección de datos personales y en la regulación económica. Son áreas de frontera que exigen articular al Derecho y otras disciplinas. El desafío es seguir haciendo y ofreciendo una formación adecuada en las materias torales del Derecho (civil, penal, constitucional, etcétera) y, al mismo tiempo, hacernos cargo de estas nuevas áreas.

El segundo reto es seguir incidiendo de manera positiva en los ámbitos público, privado y social. Algo que tenemos muy claro en el CIDE es que somos una institución pública que recibe recursos públicos, que el Estado mexicano en buena medida sostiene el funcionamiento de esta institución. Necesariamente tenemos que contribuir al mejoramiento de la sociedad en todos sus ámbitos. Hay que continuar siendo relevantes, y serlo aún más, si es posible.

El CIDE y, sobre todo su División de Estudios Jurídicos, así como la licenciatura en Derecho, se crearon expresamente para contribuir a la transformación de la enseñanza jurídica del país. Las contribuciones no han sido menores. Algunos de los más importantes estudios empíricos que se han realizado sobre el sistema penal han nacido en el CIDE, lo cual ha permitido que otros operadores jurídicos tengan un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando. También hemos sido pioneros en la renovación de materiales para la enseñanza del Derecho, en la realización de litigios estratégicos, en el seguimiento puntual del Derecho en acción y de los órganos jurisdiccionales, y en la elaboración de algunos de los más importantes estudios sobre el sistema de justicia.

Recientemente, la División de Estudios Jurídicos también ha participado en el diagnóstico y el diseño de reformas y políticas públicas relevantes para la justicia. Pienso en el ejercicio que recientemente terminó el año pasado sobre la evaluación y el diseño de un modelo de procuración de justicia, un proyecto que llevamos a cabo con colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con el INACIPE. O, por ejemplo, en los estudios y las propuestas en materia de justicia cotidiana o de justicia transicional. En ese tipo de contribuciones el CIDE muestra una vocación muy clara de generar conocimiento científicamente sólido, pero también socialmente útil.

 

Es un espacio que ha apostado por una visión diferente del Derecho, que lo concibe como una herramienta para la solución de los conflictos sociales en todos los ámbitos.

 

La educación jurídica del CIDE es sólida y pragmática, centrada en casos reales, que busca que los estudiantes de Derecho sean abogados útiles para la sociedad en los sectores público, privado y social. Nuestros egresados entienden cuál es la realidad en la que opera el Derecho, cuáles son los problemas jurídicos y cómo este conjunto de herramientas es útil para incidir positivamente en la cotidianidad.

Sí, pero tiene que ser uno diferente. Cuando nuestra generación y las anteriores estudiaron Derecho había una idea de que los profesores eran fundamentalmente transmisores de conocimiento. Por eso las conferencias y las clases magistrales eran la regla: contábamos con una persona con un amplio conocimiento de cierta parte del Derecho que transmitía a los alumnos. Ese modelo está en crisis, por varias razones. Una de ella, muy sencilla, es que la cantidad de información que tenemos hoy en día es inmensa. Pero ni internet, ni las fuentes electrónicas, ni los recursos en línea bastan para desarrollar las habilidades que se necesitan para resolver un problema jurídico. Los estudiantes necesitan una formación que les permita tomar ese conjunto de información, conocimientos, normas, teorías y doctrinas, y hacer cosas distintas con esas herramientas. La educación jurídica tiene que centrarse en enseñar a los alumnos a que operen con esas herramientas y a que las apliquen en la realidad. La ruta no es la memorización, ni el desarrollo de un conocimiento enciclopédico, sino la habilidad para poder operar con un ordenamiento jurídico que es cada vez más cambiante. Sí hay futuro, pero es muy diferente. Y es uno al cual nos tenemos que adaptar todas las escuelas de Derecho si queremos seguir siendo socialmente relevantes y útiles.

 

 

Javier Martin Reyes es licenciado en ciencia política y en relaciones internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), maestro por la Universidad de Columbia, Nueva York, y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

MANUEL JORGE CARREÓN PEREA