El obradorismo lanzó un asalto de dimensiones nunca vistas contra el Poder Judicial y algunos órganos constitucionales autónomos. Los ataques han sido constantes y variados: desde iniciativas y reformas a la Constitución para desaparecerlos o mutilarlos hasta descalificaciones contra sus integrantes, pasando por reducir el presupuesto, denuncias penales, amenazas de juicio político y designaciones que siguen la lógica de la captura partidista. No ha sido un sexenio pacífico para los órganos de contrapeso.

Estas instituciones han respondido de modos distintos. Algunas han resistido. Otras han claudicado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), después de la cuestionable designación de Rosario Piedra Ibarra, claudicó. Basta con leer sus comunicados para constatar cómo una institución, que en momentos jugó un papel relevante en la defensa de los derechos, renunció a ser un contrapeso para convertirse en una oficina de propaganda gubernamental.

Otras instituciones decidieron defender de manera abierta y firme su autonomía. Quizá el mejor ejemplo sea el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre todo durante la presidencia de Lorenzo Córdova. En este periodo, el INE se defendió tanto en la palabra como en los hechos y no se abstuvo de denunciar y controvertir judicialmente los intentos por desmantelar el sistema electoral mexicano. Ésa es también la estrategia que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de la elección de la presidenta Norma Piña.

Se ha dicho, sin embargo, que existe una tercera vía. Según algunos renombrados comentaristas, es la estrategia que siguió la Suprema Corte durante la presidencia de Arturo Zaldívar. En vez de confrontar al presidente López Obrador, las autonomías tenían la oportunidad, en palabras de Ana Laura Magaloni, de “acordar” con el presidente, de “convencerlo” de sus errores e, incluso, de “decirle que no” en temas políticamente relevantes.1 Al comentar la decisión de la Suprema Corte sobre la consulta popular, Enrique Quintana sintetiza la lógica de esta supuesta tercera vía: “La posibilidad de que se pueda eludir el enfrentamiento con el presidente sin que tenga que haber sometimiento”.2

Aquí analizo el desempeño del tribunal constitucional mexicano en el sistema de pesos y contrapesos durante las presidencias de Zaldívar y Piña. Entre otras cosas, me interesa explicar y aquilatar los beneficios y los costos de tal estrategia. ¿Fue posible que en el periodo de Zaldívar la Corte evitara la confrontación y evitara ser sumisa ante López Obrador? ¿Cuáles fueron las causas y los costos de la estrategia de Zaldívar? ¿Ha cambiado la lógica de la Corte durante la presidencia de Piña? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades de tal apuesta? ¿Cuáles son las implicaciones para el sistema de pesos y contrapesos?

Lo que me interesa mostrar es que la contención provocó que la Corte claudicara. Lejos de ser un intermediario, Zaldívar utilizó su cargo para beneficiarse personalmente y lucrar en términos políticos. Fungió como correa de transmisión de los deseos presidenciales para hacerse un lugar en la porra del obradorismo. Bajo esta mirada, la renuncia temprana de Zaldívar es sólo un paso más en la carrera de un político que durante catorce años vistió la toga judicial. Tal estrategia le rindió indiscutibles frutos a Zaldívar, pero el costo para la Corte fue altísimo: se cuestionó su legitimidad por decisiones apartadas de la norma jurídica y se generaron vacantes inconstitucionales que le dieron una mayor influencia a López Obrador en la configuración de la Corte. Al contrario, durante la era de Piña una mayoría de ministras y ministros ha sustituido el colaboracionismo por la defensa frontal de la independencia judicial. La estrategia tiene costos pero parece que, poco a poco, la Corte ha corregido el rumbo.