Article
Barrer de arriba para abajo: cómo fracasar en el combate a la corrupción
Etcétera
(2022)
Abstract
La corrupción es un fenómeno complejo, multicausal y difícil de delimitar, observar y medir. De hecho, no existe una concepción que tenga el consenso de los especialistas. La propia Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción no tiene una definición unívoca y Transparencia Internacional, la principal organización no gubernamental anticorrupción, ha usado dos definiciones sin decantarse por alguna (Holmes 2019, 20).[1] Sin embargo, sus efectos inciden en las personas, las empresas, el crecimiento, el medio ambiente, la política, la cultura, la confianza social y los valores de las sociedades.
Desde hace décadas y de manera consistente, las diferentes mediciones sobre la percepción de la corrupción en México muestran niveles alarmantes. En la medición 2021 del índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ocupo el lugar 124 de 180 países con una calificación de 31/100[2]. Los indicadores del Banco Mundial en materia de corrupción ubican de 2021 ubican a México con un valor de -1.00 (de entre -2.5 a + 2.5) y con la posición 16.8 de 100, es decir, como uno de los países más corruptos[3]. Estos niveles de percepción de la corrupción, junto con muchos otros indicadores que miden otras dimensiones de este fenómeno (Casar 2020), permiten afirmar que tenemos un problema sistémico y persistente de corrupción y que no ha cedido a pesar de las políticas, acciones y discursos gubernamentales.
Diversos estudios nacionales e internacionales (Granados and Nicolás-Carlock 2021; Luna-Pla and Nicolás-Carlock 2020) han demostrado que una de las características de este fenómeno es que no se produce como una cadena de eventos aislados sino que “implica la existencia de redes intereses en las que participan actores públicos y privados en todos los ámbitos y niveles de gobierno” (López Ayllón 2018, 260). La corrupción es resultado de conductas institucionalizadas articuladas en redes de intereses muy complejas que se desarrollan en entornos que las favorecen o, al menos, las toleran. Corregirla requiere entonces de un esfuerzo institucional que modifique el entorno en el que se produce y se combate (Arellano Gault 2018).
Con el paso de los añose se ha gestado en la sociedad mexicana una fuerte demanda social para contener y limitar la corrupción. Los excesos visibles y las conductas impunes fueron gradualmente reduciendo la tolerancia a la corrupción, por lo menos en ciertos grupos sociales. Como bien ha dicho el antropólogo Claudio Lomnitz (2014), desde hace años en México hay “una demanda o, mejor dicho, una sensación difusa, pero muy palpable, que pide cambios hondos en la moral pública”.
En 2015, luego de una serie de eventos, una movilización de la sociedad mexicana indignada por la corrupción estuvo al origen de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Se trató de una respuesta institucional que levantó grandes expectativas, pero que tuvo magros resultados visibles. Es difícil decir hasta qué punto el hartazgo frente a la corrupción fue uno de los factores que incidió en el resultado de las elecciones de 2018 y la llegada del gobierno del presidente López Obrador. Lo que sí es evidente es que éste hizo del combate a la corrupción una de sus principales promesas de campaña, y de la honestidad personal uno de los valores que cimentarían la llamada “cuarta transformación”.
El problema es que, como expondremos con detalle más adelante, en la visión de López Obrador la corrupción es fundamentalmente un problema de carácter moral, que se combate “desde arriba”, con el ejemplo personal, mismo que sería suficiente para modificar conductas y valores. Junto con lo anterior una política de austeridad en la administración cerraría la pinza y reencauzaría a la Nación por la senda de la honestidad republicana.
Así, identificamos una profunda contradicción entre el diseño institucional y la política presidencial en materia de combate a la corrupción. Por un lado, es claro que el presidente López Obrador tiene la convicción de que la corrupción estaba profundamente enraizada en las instituciones neoliberales y que era necesario cambiarlas de raíz a partir del ejemplo personal, esto es, de combatir la corrupción como se barren las escaleras: “de arriba para abajo”. Por el otro, el SNA apostó por una lógica institucional distinta, consistente en articular los esfuerzos gubernamentales para crear una política pública anticorrupción basada en un nuevo marco jurídico y en supuestos que se trataba de un problema complejo y sistémico.
Esta contradicción entre un sistema institucional no consolidado y una política populista ha tenido un efecto devastador en el combate a la corrupción. En este artículo analizaremos los dos polos de la ecuación, para avanzar algunas conclusiones sobre los resultados previsibles y quizá las rutas de salida.
[1] Las dos definiciones son: “el abuso de un cargo público para obtener una ganancia privada” y “el abuso del poder confiando a alguien para obtener una ganancia privada”. La principal diferencia es que la primera supone la presencia de un funcionario público, la segunda es más amplia y puede incluir el abuso del poder de empresarios o altos ejecutivos (Holmes, 2019, 20-21).
[2] Véase el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2022). De los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país peor evaluado en términos de corrupción. En comparación con otros países de América Latina, Brasil (38), Venezuela y Salvador (34) calificaron ligeramente mejor.
[3] Véanse los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial (2022).
Keywords
- corrupción,
- México,
- López Obrador,
- Sistema Nacional Anticorrupción
Disciplines
Publication Date
November, 2022
Citation Information
Javier Martín Reyes and Sergio López Ayllón. "Barrer de arriba para abajo: cómo fracasar en el combate a la corrupción" Etcétera (2022) p. 71 - 83 Available at: http://works.bepress.com/javier_martin/144/