El año pasado, la mayoría de la Cámara de Diputados propinó al INE un recorte de casi 5 mil millones de pesos. Este afectó, sobre todo, a la revocación de mandato, que tanto promovieron Morena y el presidente López Obrador. Al INE no le quedó más remedio que hacer esfuerzos extraordinarios: si bien fue imposible instalar el número de casillas que marca la ley, el árbitro electoral organizó la revocación y, una vez más, le cumplió a la ciudadanía.

El INE, además, acudió a la Suprema Corte a defender su autonomía. Presentó una controversia constitucional contra el recorte y, por fortuna, ganó. Con base en un proyecto del ministro González Alcántara, la Primera Sala, por unanimidad, le dio la razón al INE e invalidó el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

La Corte reconoció que la Cámara de Diputados puede modificar el presupuesto solicitado por el INE. Pero, al mismo tiempo, enfatizó que esta facultad no puede ejercerse de manera arbitraria y que debe respetar la división de poderes y el principio de legalidad. Por eso, la Cámara está obligada a dar una “motivación reforzada”, es decir, una “justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable” de los recortes.

De forma elegante pero contundente, la Primera Sala exhibió cómo la Cámara de Diputados incumplió con esta obligación. La propuesta del ministro González Alcántara fue clara al decir que las y los diputados ni siquiera ofrecieron “razones mínimas” para justificar el recorte. Y esto se tradujo, de acuerdo con el proyecto, en una afectación a la autonomía constitucional del INE y a los derechos de participación de la ciudadanía.

La decisión de la Corte es relevante porque obliga a la Cámara de Diputados a otorgar al INE recursos adicionales, o bien, a dar una motivación reforzada del recorte. Esta segunda alternativa tiene problemas, pues ya se ha reconocido judicialmente que los recursos otorgados al INE fueron insuficientes. Pero, suceda lo que suceda, lo cierto es que se trata de un precedente que permite que el INE y a otros organismos defiendan su autonomía frente a actos arbitrarios de otros poderes.

Finalmente, esta decisión confirma diversas líneas jurisprudenciales. Primero, reafirma el lugar y función de las autonomías en nuestra división de poderes: que al presidente López Obrador y a Morena les disguste la actuación y decisiones de algunos de estos órganos no quiere decir que puedan denostarlos o asfixiarlos. Segundo, reitera que el principio de legalidad es una piedra angular y que los poderes no pueden actuar a capricho. Y, finalmente, subraya que el control de la Corte debe ser aún mayor en aquellos casos en los que la Constitución limita el poder de las mayorías.

En medio de las tormentas, el rigor, claridad y contundencia de la Primera Sala es una bocanada de aire fresco.