El procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, inhabilitó políticamente por 15 años y destituyó de las funciones de alcalde de Bogotá a Gustavo Petro, y para ello planteó tres argumentos que fundamentan su fallo: primero, haber municipalizado el servicio público de recolección de basura de Bogotá; segundo, haber entregado la gestión de la basura a una unidad municipal que supuestamente no contaba con experiencia y tercero, haber utilizado vehículos que no garantizaban la protección del medio ambiente y de la población de Bogotá. ¡Qué hecho más funesto este del Sr. Ordóñez, pretendiendo desde sus funciones de procurador definir las políticas urbanas de una ciudad como Bogotá!