Con la finalidad de reducir los delitos en el viejo oeste, se tenía la política de identificación de los delincuentes más avezados para someterles al escrutinio público, a la persecución y a la pena correspondiente, mediante la colocación de carteles en los bares, cantinas y postes más visibles del pueblo; de esta marera, se esperaba que la ciudadanía los denuncie para someterles a las penas correspondientes. El caso más interesante fue Jesse James – que comandaba una banda de asaltantes de bancos y trenes- quien utilizó la treta de su propia muerte para sortear la medida penal, para ello utilizó el nombre Frank Dalton; sin embargo, esta jugarreta no logró eludir la traición de un compañero de fechorías que finalmente lo eliminó.

De aquella época para acá, en América Latina han existido algunas experiencias que han seguido la misma ruta. Colombia -en la era del Presidente Álvaro Uribe- inició estas prácticas de delación con la finalidad de derrotar a los grupos irregulares y a los cárteles de la droga, medida que es sostenida hasta la presente fecha. En el México actual del Presidente Felipe Calderón, la experiencia se dirigió al control de las mafias vinculadas a la droga. En el caso del Ecuador también hubo propuestas similares en el período del Presidente León Febres Cordero, quien utilizó este mecanismo de recompensas para apresar a ciertos actores políticos violentos. Los tres casos señalados provienen de regímenes de derecha, para los cuales es una práctica usual.

Ahora el país se alinea a esta política: el ministro del Interior, Dr. José Serrano, implanta la medida de los más buscados sin usar los postes, bares o cantinas del pasado, sino más bien recurriendo a los medios masivos de comunicación. Con ello la “difusión” de la información de los mayores criminales se convierte: en una medida de efecto mediático más que de seguridad ciudadana y, por lo tanto, más en un fin y menos un medio para reducir la violencia. De esta manera, la propuesta se ubica en la misma línea de las que se han llevado a la práctica en estos últimos años: militares en las ciudades, grupos de élite en las calles y registro de armas ilegales, que tan magros resultados han generado.

La propuesta de los más buscados tampoco está a tono con las actuales lógicas de funcionamiento del delito, que se sustenta en bandas organizadas y no en individuos que operan aisladamente. Lo lógico debió ser: realizar un buen estudio de inteligencia que determine no los delincuentes más peligrosos sino las bandas criminales más significativas e importantes, para aplicarles la medida con un doble fin: por un lado, descabezar y desorganizar las bandas y, por otro lado, focalizar la delación y la traición en las personas más próximas al cabecilla, de tal manera de debilitar las bandas.

La política de los más buscados –tal cual está diseñada- crea ilusoriamente el derecho de la población para asumir esta atribución, con lo cual cree que participa y, lo que es más significativo, cree que ahora si se están haciendo cosas importantes. Las victimas no buscan justicia sino venganza, con lo cual los más buscados se convierten en los chivos expiatorios donde la población vuelca su energía y en un medio para conjuntar ficticiamente la autoridad con la población.