Un fantasma recorre Latinoamérica, en tanto imagen de personas muertas que, según dicen, se les aparece permanentemente a los vivos; sea como percepción o como realidad: las tasas de homicidio en veinte y cinco años se duplicaron: de 12 homicidios por cien mil habitantes en 1980 a 25.1 en el año 2006; lo cual significa un número no menor de 170 mil homicidios por año. Existe un aumento de homicidios y de las demandas por seguridad: en el año 2000 se ubicaron en el cuarto lugar, en el año 2005 pasaron al segundo puesto y desde 2008 están posicionadas como la primera reivindicación de la sociedad Latinoamericana. La percepción de inseguridad convierte al temor en el principal imaginario social y en el principal fantasma que rige y organiza la vida cotidiana: define por dónde voy, por dónde regreso, qué transporte tomo, cómo me defiendo y actúo, y porque me encierro en casa. Es un fantasma que impacta en distintos ámbitos, convirtiéndose en un componente adicional de nuevos hechos de violencia: en términos políticos, la violencia produce desinstitucionalización y pérdida de legitimidad de las órganos claves de la democracia, como son: el sistema parlamentario (Colombia), la policía (Guatemala), la justicia (Ecuador) y el conjunto de instituciones estatales (México), lo cual conduce a la no denuncia, a la impunidad, a la justicia por la propia mano y a la informalización jurídica, y, por lo tanto, a la construcción de un círculo vicioso. Por eso los niveles de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas han crecido: la policía pasó de 30% en 1996 a 39% en 2007; las Fuerzas Armadas de 41% al 51%, y el sistema judicial del 33% al 30%. Adicionalmente produce el descrédito de las instituciones y, lo más grave, la transición de la violencia legítima del Estado hacia ciertas organizaciones ilegales que logran hegemonía en algunos contextos particulares. Por ejemplo, “México es un país donde el poder político está migrando del estado a pequeños actores no estatales que se organizan en amplias redes con ejércitos privados, ingresos propios, servicios de beneficencia, capacidad para hacer alianzas y conducir guerras”. (Manwaring, 2008) En términos económicos el incremento de los costos de la violencia acarrea el incremento de la inflación, la distracción de recursos para políticas sociales y la transformación del servicio de seguridad en una mercancía más de acceso diferenciado. Los costos de las violencias significan una pérdida no menor al 14,2% del PIB y cada vez se destinan más recursos económicos a la seguridad, tal como demuestran los presupuestos locales, nacionales e internacionales; solo los Estados Unidos le ha entregado a Colombia una suma superior a los 8 mil millones de dólares para combatir la violencia delictiva, a México 1.500 y a Centro América y El Caribe cerca d 400 millones de dólares en estos últimos 10 años, con resultados altamente cuestionados y con dos efectos perversos: se seguritizan los recursos fiscales y disminuyen los recursos destinados a las políticas sociales que son el sustento de las llamadas políticas de prevención del delito. Esta ampliación desparramada del presupuesto lleva y expresa la pluralización de actores públicos, privados y comunitarios que trabajan en la seguridad ciudadana; pero también revela que, a pesar de estos recursos, los resultados son francamente negativos y bastante desalentadores.