La violencia crece exponencialmente según las encuestas de victimización y las denuncias hechas por la población, al extremo que la mayoría de los habitantes se consideran víctimas. Una situación como la descrita tiende a modificar el peso relativo de la relación entre técnicos, políticos y ciudadanía en la determinación de las políticas de seguridad ciudadana. Poco a poco los primeros son relegados, los segundos “representan” a la ciudadanía y los terceros asumen un rol cada vez más protagónico. Por eso el oficialismo y la oposición se disputan la oferta de “mano dura”, más como búsqueda de legitimidad política que como forma de afrontar la delincuencia. Por ello los diagnósticos de la violencia han sido sustituidos por las encuestas de opinión pública, tal como lo señala el alcalde de Guayaquil en la Revista Vistazo: “en delitos atroces como violación de menores, como sicariato, deberían elevarse la pena a 50 años, que "por eso se pronuncia a favor, de acuerdo a encuestas serias, alrededor del 90% de los ciudadanos". Pero ahora no son suficientes las encuestas de opinión pública, las víctimas deben estar en el recinto legislativo para sensibilizar a los legisladores y plantear el contenido de las reformas penales. El miércoles pasado el pleno de la Asamblea oyó a un padre que perdió a su hijo de 24 años (vinculado al PSC) y la asambleísta María Paula Romo trajo a colación el caso de la violación de una menor que posteriormente se suicidó (vinculada a AP). Esta nueva función de la ciudadanía -en tanto víctima-, no solo encarna una función proactiva en las demandas de seguridad, sino que también empieza a ser parte del diseño legal a través del cabildeo político, de la reivindicación de los derechos y de la propuesta directa de las reformas penales; así como también en la legitimidad de la justicia por la propia mano: el 53 por ciento de la población de Quito está de acuerdo con los linchamientos. Desde el año 2005 a la fecha se han producido 15 reformas al código penal, cada una de las cuales coincide con un caso llamativo de homicidio, secuestro o violación. Hoy estamos en esa situación: en Guayaquil se produjo el horrendo homicidio de un niño de 10 años, hijo de un periodista, lo cual desató un debate político respecto de quien ofrece más penas. Inicialmente el Alcalde Nebot salió en un plantón ciudadano y luego en los medios de comunicación solicitando: visa para colombianos y peruanos; incremento de penas, eliminación de la caducidad de la prisión preventiva y reducción de la edad de imputabilidad penal; es decir, soluciones penales fáciles de aprobar -que satisfacen las demandas medidas por encuestas (Informe Confidencial)- aunque resuelvan la inseguridad. Frente a ello el Gobierno Nacional decide –según las encuestas de Santiago Pérez- que la Policía y las Fuerzas Armadas salgan a la calle, culpabiliza al sistema judicial y al partido Social Cristiano (partidocracia) de la inseguridad ciudadana y plantea una enmienda constitucional –mediante plebiscito- para que las FFAA puedan realizar tareas de seguridad ciudadana y para modificar la caducidad de la prisión preventiva. Con ello se vive una inflación de propuestas penales, donde el castigo se convierte en el objeto del deseo de todos, incluso a sabiendas que no solventará el problema y, lo que es más interesante, la única diferencia que existe entre el oficialismo y la oposición es la empresa encuestadora: el “populismo penal” ya es de todos.