La nueva forma de organización territorial que adopta el proceso urbano de Quito, se origina en la coyuntura petrolera de los años setenta, cuando el Estado y las fuerzas sociales involucradas logran consolidarse, ello posibilitará al municipio emprender una política urbana concertada a través de sus instrumentos fundamentales: la generación de "capital físico", la realización de planes urbanos y la gestión económico-financiera.

La realidad del municipio desdice la situación teórico-legal que le da sustento, ya que ha sido superado por la magnitud y complejidad de problemas como la crisis urbana, la redefinición de las relaciones entre los poderes central y local en el marco de la modernización del Estado y de la sociedad civil, el agudo proceso de urbanización que se vive y la propia caducidad de las estructuras municipales. En la gestión de la ciudad se percibe una mayor injerencia de las entidades y órganos del Estado, diluyendo lo que exclusivamente era competencia municipal. No obstante, correlativa y paradójicamente, esta crisis municipal se acentúa en momentos del auge petrolero, como consecuencia de su conversión en principal agente urbano y, sobre todo, con la crisis económica de los primeros años de la década de los ochenta.

En este contexto global el municipio de Quito aceleró y multiplicó sus ritmos y formas de acentuación en la ciudad: produjo el mayor volumen de obra realizada ("capital físico"), formuló el mayor número de planes directores y, consecuentemente, realizó una inversión desconocida para la ciudad.