La violencia tiene una distribución territorial muy clara que se expresa, por un lado, en una localización diferenciada por provincias como Los Ríos y Sucumbíos y por ciudades tales como Manta y Quito. O sea, que hay violencias distintas según el lugar. Y por otro lado, se percibe un desplazamiento del delito bajo lógicas explícitas que nos muestran una trayectoria del campo a la ciudad, de la sierra a la costa y del sur hacia el norte. Es decir, que no son estáticas.

La comprensión de esta expresión territorial de la violencia es muy útil para conocer este fenómeno en sus lógicas profundas y, a partir de ellas, poder actuar con certeza y eficiencia atendiendo a un fenómeno que es definitivamente heterogéneo. No se puede negar que la geografía y la organización del territorio en un país tan diverso como el nuestro producen fenómenos -como los delitos- que tienen en la forma y el fondo expresiones diferentes.

Estos desplazamientos de la violencia evidencian justamente las heterogeneidades; porque si fuera un espacio homogéneo el fenómeno no tendría por qué desplegarse de por el territorio. Esa es la razón de su movilidad. El primer escalón de su movimiento tiene que ver con el proceso de urbanización que se vive en el país. Si bien la violencia del campo es distinta a la de la ciudad; en tanto que en la primera se realizan hechos de violencia vinculados a las tradiciones en la segunda prevalecen los referidos a la propiedad y las personas. Esto significa no solo que se produce un traslado de un territorio a otro, sino también que existe un proceso de mutación de la violencia. El segundo escalón del itinerario se refiere al proceso estructural de consolidación del modelo de agro exportación, donde la costa tiene una economía más dinámica y profundamente arraigada al comercio exterior; mientras la sierra se articula alrededor de la producción hacendaria destinada al mercado interno. Esto significa que la costa asume –siguiendo la lógica de la física- un modelo gravitatorio que atrae tras de sí una conflictividad no conocida hasta ese momento y por tanto, ausente de un marco institucional capaz de procesarla.

El tercero se relaciona con el desplazamiento de la violencia hacia el cordón fronterizo con Colombia, hacia el norte. En este caso dos precisiones importantes: da la impresión que las fronteras nacionales se han convertido en América Latina en los lugares donde se concentran con más fuerza los hechos delictivos. Es el caso, entre México y Estados Unidos; pero también las zonas limítrofes entre Chile y Perú o la triple frontera entre Argentina-Brasil-Paraguay, y Nicaragua y Costa Rica, entre otras.

El hecho de tener dos realidades distintas integradas es un atractivo, sobre todo para el mal llamado “crimen organizado”. Por ejemplo: en Estados Unidos la venta de armas es legal y en México no, con lo cual el mercado fluye con fuerza hacia el país Azteca; los medicamentos son de fácil comercialización en México y no en Estados Unidos, generando un desarrollo profuso de farmacias en el lado sur de la frontera. Pero también los límites son una fortaleza para los violentos y una debilidad para las “fuerzas del orden”. En otras palabras, las fronteras son hoy día, no solo por sus condiciones estructurales de realidades diversas que se complementan y por ser un espacio gris entre la legalidad de uno e ilegalidad de otro, el espacio propicio para el crimen.