El linchamiento es un acto de violencia brutal, que nace en las zonas grises donde la legalidad pública se pierde ante el ejercicio de la fuerza que ejerce un colectivo de privados formado exclusivamente para ejecutar a un reo; es un acto espontáneo y no premeditado, por eso una vez cometido el linchamiento, el colectivo social se desvanece.

Esta práctica existe desde tiempos inmemoriales: hubo en el pasado y hay en la actualidad; sin embargo, hoy su signo es el crecimiento, lo cual evidencia que no se trata de un hecho aislado y que es una práctica que tiene recurrencia y lógica explícitas. El historiador chileno, Gabriel Salazar1, sostiene que en su país “Esto da cuenta de una crisis estructural, como ha ocurrido muchas veces en nuestra historia. Se da en épocas de alto desempleo, desprestigio de la justicia, la policía y los políticos, y escaso impacto de las políticas sociales del gobierno. La gente vive al filo de la ley o desafiándola”.

Así tenemos, por ejemplo, que en Bolivia entre 2002 y 2003 se cometieron 21 linchamientos; en Perú en 2004 fueron 1.993; en Venezuela entre 1999 y 2001 se produjeron 84 muertes; en Argentina 12 entre 2003 y 2004; en México se duplicó el número de linchamientos en los últimos años (Vilas, 2005)2; y en Río de Janeiro el 44% de la población apoya el linchamiento (IBOPE). Si bien la mayoría de linchamientos son rurales, hoy se observa un desplazamiento hacia las ciudades.

El linchamiento se realiza en contextos de alta precariedad, en un doble sentido: por un lado, con la existencia de un Estado débil (ausente, deslegitimado, ineficiente) y, por otro, con la presencia de una sociedad civil endeble con capital social frágil (fragmentada, diversa). Pero también -a estas condiciones estructurales se debe añadir que se desarrollan con más fuerza en aquellos lugares donde se han generalizado las llamadas políticas de “mano dura”, que terminan por legitimar la violencia como un mecanismo para la resolución social de los conflictos.

Por otro lado, el linchamiento se desarrolla en ámbitos donde se concentra una población de extracción popular marginal (tanto la víctima como los victimarios), se ejerce un tipo de delito precario, que cuenta con armas hechizas, que el proceso legal es inexistente, que es un hecho privado, que el acto de ejecución a un reo (es decir una persona que ha cometido un delito que merece castigo) se lo ejerce tumultuariamente y que este tumulto se forma exclusivamente para este fin.

Es, sin duda, una forma de uso de la violencia que viene de la precariedad institucional, pero que también -al reducir el sentido del monopolio legítimo de la fuerza que ostenta el Estado- logra erosionarla con más fuerza. Es un acto de apropiación de la violencia punitiva por parte de la sociedad civil y de expropiación de una de las funciones centrales del Estado: el monopolio de la violencia legítima.

En general en América Latina se observa un incremento de los hechos de “justicia con la propia mano” y en particular este de los linchamientos: sin embargo, se pueden encontrar dos tipos específicos: uno tipo Fuenteovejuna, en que la ira social se dirige hacia una autoridad como ocurrió en los casos de Perú (Ilave), México (Zachila-Oaxaca) y Bolivia (Ayo Ayo), entre otros.Y otro tipo, que ocurre frente a delitos fragrantes que ocurren en un ámbito local, donde sobresalen el robo, la agresión sexual y la accidentalidad vial (Ciudad de México). El linchamiento es distinto al derecho consuetudinario, en tanto el primero es un hecho punitivo de castigo, mientras que el segundo es de sanación y cuenta con una ritualidad.