El delito de mayor ocurrencia en el país es el del robo de bienes; sin embargo, está invisibilizado por el peso que tiene la cooperación internacional en un doble sentido: por un lado, por que los recursos y las estrategias están dirigidas a la persecución del narcotráfico, el terrorismo y el coyoterismo y, por otro lado, por el peso que ha adquirido –también por razones internacionales- la persecución focalizada de los homicidios. Este énfasis en estos delitos lleva a políticas altamente represivas, cuando la realidad podría ser enfrentada desde otras perspectivas y con resultados mucho más positivos para la reducción del conjunto de la violencia..

Los delitos contra el patrimonio implican una lógica económica explícita: los objetos robados deben entra al mercado para realizarse monetariamente. Esta realidad platea al menos algunas de las siguientes consideraciones: a) hay un sistema económico con agentes y fases explícitas. b) hay una especialización explícita por tipos de bienes robados, por que cada uno tiene su circuito particular de comercialización (vehículos, joyas, celulares). Los mercados, dependiendo del objeto robado, pueden venderse incluso internacionalmente (patrimonio cultural); c) las políticas pueden tener resultados más eficaces si se enfrenta el delito desde la perspectiva económica; en este caso, puede ser más eficiente atacar la demanda, esto es, no concentrar únicamente los esfuerzos en el momento anterior al cometimiento del delito sino en todas y cada una de las fases del ciclo económico y en particular cuando tiende a realizar mercantilmente. Con ello la responsabilidad no es exclusivamente policial sino de los agentes económicos y de las políticas económicas que se deben diseñar para el efecto.

Es conocido que el ciclo económico se inicia con unos actores que sustraen los objetos a las personas, los hogares o los comercios. Luego continúa con una cadena de intermediarios hasta llegar a los lugares de intercambio mercantil, que son de tres tipos y de tres actores explícitos: a pedido, en mercados móviles (esquinas o plazas) y las llamadas cochinerías.

En esta tipo de delitos –de los bienes robados- se configuran varios delitos o, lo que es lo mismo, el robo de bienes lleva tras de si un enlace con otros delitos, como por ejemplo: no pago de impuestos, intercambio de bienes robados, economías clandestinas, transporte de productos sustraídos, el contrabando y los mercados ilegales, entre otros. Pero quizás el más llamativo sea el delito que implica la compra de un bien robado. El aforismo popular -hecho carne en la población- de que “ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón” es un dicho sin sustento legal; el código penal establece penas de reclusión a quien compra productos robados.

De este análisis somero se pueden extraer algunas políticas que no requieren de acciones puramente policiales: se necesitan buenos sistemas de información para saber cuales son los bienes que más se sustraen para intervenir en esos mercados. Por ejemplo, si se trata de robos de teléfonos celulares, se debería establecer un acuerdo con las operadoras del servicio para que no se activen estos teléfonos o, en el caso del robo de cerebros de los vehículo, que se vendan los carros con un seguro para estos productos. Se deben hacer campañas masivas para que la población sepa que comprar un producto robado es un delito, además hay que eliminar los mercados ilegales fijos (cochinerías) y móviles (esquinas) que son de dominio público donde se encuentran.