Hodge refleja aquí el punto de vista de los teólogos de Westminster de que el gobernante es un “padre protector”. Esto no significa que cada precepto del Cristianismo debiera ser enseñado y hecho cumplir por parte del gobierno, puesto que el estado no está constituido para ese propósito. “Pero, así como [el gobierno] no puede violar la ley moral en su propia acción, o requerir al pueblo que la viole, así tampoco puede ignorar al Cristianismo en su acción oficial. No puede requerir al pueblo o a ninguno de sus oficiales lo que el Cristianismo prohíbe, ni prohibirles de hacer algo que el Cristianismo prescriba.”