En el presente trabajo analizaremos los requisitos de procedencia para los Procesos Colectivos de Consumo que pretende regular el Anteproyecto (en adelante A.P.) Elaborado por una Comisión designada por el Poder Ejecutivo Nacional (Administración Macri) a través del Ministerio de Justicia, por el cual se pretende la reforma de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.”

“La crítica central que se efectúa al A.P. en lo que concierne a este trabajo es que “importa” el modelo americano regulado en la Regla 23 de Procedimiento Federal de los EEUU sin tomar en consideración los diferentes sistemas procesales existentes en dicho país y en el derecho continental, de modo tal que se incorporan requisitos propios de aquel sistema y que, implantados en el derecho argentino, podrían causar un estrangulamiento de los procesos colectivos de consumidores, inclinando el campo a favor de las empresas proveedoras de servicios y causando perjuicio a los consumidores.”