El usar las lenguas para establecer autoridad no es algo nuevo (Fishman, 2006); sin embargo, la política y planeación de lenguaje (PPL) como disciplina de estudio es relativamente joven. La PPL promueve el estudio del uso del lenguaje a nivel político y social, así como sus implicaciones para la política en la práctica. Algunas de las metas de PPL son revitalizar, renovar e invertir el desplazamiento de lenguaje, así como mantener, difundir y cultivar el estatus de una lengua al incrementar sus funciones y cultivar su forma para que pueda tener otras funciones y por lo tanto, se pueda difundir en ambientes como la comunidad, la educación formal, la literatura, la religión, los medios de comunicación y el trabajo a través de determinar una lengua como oficial, nacional, o inclusive la prohibición de la misma (Hornberger, 2006; Romaine, 2007). El objetivo de este trabajo es conocer quién está involucrado en PPL en México, entender qué significa que una lengua tenga el estatus de Lengua Nacional, conocer que papel juega la educación en las políticas y planeación de lenguaje y cómo está implicada, y finalmente, saber si las políticas de estado/nación impactan directamente a la población que motivó los cambios. En México, cuando las lenguas indígenas y las lenguas de señas ganaron el estatus de lenguas nacionales, se ganó el derecho a que sus usuarios tuvieran acceso a los derechos humanos lingüísticos al ser educados con un modelo plural, bilingüe e intercultural que se basa en relaciones de respeto e igualdad entre la diversidad cultural y lingüística (Hamel, 2001; Schmelkes, 2004). Sin embargo, es necesario reconocer que estos derechos aplican para el español , pero que no llegan de igual manera a las 62 lenguas indígenas y 2 lenguas de señas por falta de planeación y capital humano y económico.