La jurisprudencia examinada no parece confortar las tesis de quienes se muestran favorables a una concepción maximalista del principio de precaución.

En definitiva, no puede considerarse que concluir que el citado principio se ‘limita’ a permitir a los ‘poderes públicos’ adoptar medidas preventivas proporcionadas, no discriminatorias y de carácter provisional cuando, a pesar de haberse realizado una evaluación de riesgos lo más completa posible, persisten incertidumbres sobre el alcance y naturaleza de un riesgo inaceptable, sea optar por una definición minimalista del principio de precaución. Especialmente, si se tiene en cuenta que una interpretación maximalista del mismo tiende a restarle eficacia o incluso neutralizarlo por completo, pues, paradójicamente, lo ‘vacía’ de contenido.

Por otro lado, a pesar de que hemos de reconocer que el TPI ha reiterado el principio de precaución constituye un ‘principio general del Derecho Comunitario’ y de que algunos autores se han apresurado a felicitarse por ello, nos parece prudente esperar a que dicha ‘promoción’ se confirme y a que se precise su alcance.

Esta prudencia se justifica porque, en nuestra opinión, el principio de precaución, en tanto en cuanto su aplicación tiene como resultado que las autoridades competentes puedan adoptar medidas de carácter temporal cuando, tras haberse llevado a cabo una evaluación de riesgos, subsiste una incertidumbre científica, aunque no puede considerarse como meramente ‘procesal’, se integra, o debería integrarse, entre los principios de buen gobierno, o de ‘buena gobernanza’ si utilizamos la terminología utilizada precisamente en el Libro Blanco “La Gobernanza Europea” [véase el documento COM(2001) 428 final].