El viernes 4 de mayo de 2012 fue un día obscuro para la justicia electoral en México. Al filo de la medianoche, en una sesión pública convocada de última hora y con apenas cuatro magistrados presentes –el mínimo permitido por la ley–, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo mediante el cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) había aprobado la realización de un conteo rápido en la elección presidencial de ese año. En una votación unánime y sin dedicar un solo minuto de la sesión para discutir el asunto, los cuatro magistrados presentes decretaron la muerte de una de las piezas fundamentales del sistema electoral mexicano.

En este trabajo se realiza un análisis argumentativo de la sentencia SUP-RAP-118/2012, mediante la cual la Sala Superior del TEPJF revocó el conteo rápido de 2012. Asimismo, se discuten una serie de decisiones del tribunal que van más allá del ámbito jurídico. En ese sentido, se argumenta que no sólo estamos frente a una sentencia técnicamente deficiente. La revocación del conteo rápido de 2012 es un extraordinario ejemplo de que las fallas de la justicia electoral mexicana van mucho más allá de lo estrictamente jurisdiccional. Las circunstancias en las que se resolvió el asunto, el contenido de la sentencia SUP-RAP-118/2012, así como la política de comunicación adoptada por el TEPJF con posterioridad, nos ofrecen el retrato de un tribunal deficiente en lo jurídico e irresponsable en lo institucional. La Sala Superior dictó una sentencia francamente mala, generó un conflicto institucional de proporciones no despreciables y trató, a toda costa, de que el IFE asumiera el costo político de su decisión. Se trata, pues, de un claro ejemplo de cómo no se debe impartir justicia constitucional.