Lo primero que se debe decir respecto de este tipo de prácticas “formativas” es que se inscriben en la lógica de la doctrina de la guerra fría, donde las fuerzas del orden debían ser implacables con el enemigo interno; para lo cual se requería una preparación física, sicológica y técnica para confrontarlos. Era una lógica de guerra y de la dinámica propia de la doctrina de seguridad interna. Sin embargo, de aquella época para acá las cosas han cambiado sustancialmente, una vez que el muro de Berlín cae en 1992, se cierra esta era de confrontación y se inicia otra totalmente diferente.

En la actualidad la seguridad pública, que busca el sostenimiento del orden público-estatal pierde sentido; mientras la seguridad ciudadana adquiere relevancia gracias al incremento de los hechos delictivos y al aumento de los grados de violencia en las relaciones interpersonales. Las tasas de homicidios en Ecuador se duplican en los últimos 20 años y, según las encuestas de opinión pública, la primera demanda de la población es la seguridad ciudadana. De allí que la pregunta pertinente al ver estos videos sea: ¿Por qué una formación policial que corresponde a otro momento histórico?

Una “capacitación” policial que usa métodos violentos solo conduce a reproducir la violencia en el ejercicio de las actividades de las fuerzas del orden. Si hoy en día se requiere un policía que sea amigo de la población, de esta forma será difícil de lograrlo. Adicionalmente, la utilización de gas lacrimógeno no tiene nada que ver con las políticas de seguridad ciudadana, en tanto esas armas sirven para dispersar manifestaciones; por eso, ¿Como pensar la utilización del gas lacrimógeno para detener el robo de un vehículo o de un banco? Imposible, porque a los delincuentes hay que reducirlos a prisión y no dispersarlos.

También las imágenes muestran los lugares donde se realizan estas prácticas contrarias a los DDHH: se trata de una zona rural en la provincia de Manabí: allí nace un nueva pregunta: ¿Cómo formar en zonas rurales cuando los delitos principales y mayoritarios se desarrollan en las ciudades? Lo mismo respecto a la necesidad de contrarrestar las manifestaciones políticas de movimientos sociales y grupos políticos, que la mayoría son urbanos y, es más, esas protestas deben ser resueltas políticamente y no policialmente, porque nuestra Constitución las reconoce.

Toda política de formación policial debe realizarse de acuerdo a una doctrina específica, a un modelo policial claro, a una definición de las especializaciones internas y a una estructura organizativa de la institución. De las 14 escuelas de policía que hay en el país, que es un número muy elevado, no se difunden los pensums académicos que tienen (transparencia) y cuando algo se sabe de ellos, sus contenidos no son actuales, como por ejemplo, frente a la realidad de los delitos o de la tecnología. Hay que producir una importante reforma institucional de la policía, que tenga –como parte central- una nueva propuesta educativa.

Primero. La elevación del impuesto predial, en consonancia con otros incrementos impositivos nacionales, empiezan a ser sentidos por la población de Quito. Es que la masa tributaria que pagan los habitantes y las empresas se ha elevado sustancialmente. Pero lo más grave del incremento del impuesto predial tiene que ver con el hecho de que su estructura no evidencia el “Quito que queremos”, porque lo que aparece es una suma de proyectos inconexos y altamente visibles. ¿Allí está la ciudad-región? ¿En el presupuesto se lee la ciudad del buen vivir? ¿Qué va a pasar con el sector inmobiliario de la ciudad? Son algunas preguntas que quedan flotando y que seguramente generarán un descontento en la población.

Segundo. Se supone que se iniciarán las obras del metro en el mes de julio; lo cual producirá, si se inicia la obra, un problema global de funcionamiento de la ciudad, a pesar de haber diseñado la ruta del metro más por el lugar de las paradas que por el trayecto que debería tener. Y si no se inicia, el reclamo de la población también generará un problema de credibilidad en la autoridad y en el proyecto. A seis meses de la fecha ofrecida, aún no se tiene el proyecto definitivo, tampoco el cierre financiero y, obviamente, la licitación de la obra todavía no arranca.

Tercero, Quito se supone inaugurará el aeropuerto internacional el 12 de Octubre, una de las infraestructuras más significativas de la historia de la ciudad. Por el carácter y magnitud de la obra se podría pensar que su inauguración podría elevar la imagen municipal y la de su alcalde; sin embargo, hay tres temas que pondrán en duda esta posibilidad: a. Se deberá superar la renuncia del Gerente Arq. Mauricio Moreno producida esta semana; b. Se tendrán que solventar los problemas del incremento de las siete tasas de uso del aeropuerto y la eliminación del subsidio a la gasolina de los aviones; c. Se tendrá que superar la paradoja de no contar con una estructura vial que permita la integración del aeropuerto con la ciudad. Este conjunto de elementos significará una reducción de la competitividad del aeropuerto y, por lo tanto, de la propia ciudad; pero también producirá reclamos de las empresas, los usuario del aeropuerto y los habitantes del valle Tumbaco-Cumbayá, que se sentirán electoralmente.

Cuarto. Este será un año electoral, por que en enero del 2013 se elegirán las autoridades nacionales. Quito es una ciudad eminentemente política, lo cual conducirá a las definiciones de las autoridades frente al proceso. Mientras Correa tiene una aceptación del 45 por ciento, Barrera tiene diez puntos menos. Pero la venta obligada de renuncias a funcionarios del sector público y la elevación del impuesto predial producirán efectos electorales en los sectores medios de la población. A ello se debe sumar que el liderazgo y carisma del presidente ha hecho que desaparezcan los ministros (con excepción de Pepe Pancho Cevallos) y también de los alcaldes; tanto de ciudades con autoridades opositoras como Guayaquil u oficiales como Quito.

Estos nuevos operativos de invasión se realizan bajo cuatro formas explícitas: primero, la ocupación de la totalidad de una ciudad como pueden ser los casos de Ciudad Juárez en México o Tegucigalpa en Honduras; segundo, la presencia militar en uno o varios de los barrios populares estigmatizados como violentos: la Trinitaria en Guayaquil o la Comuna 13 en Medellín; tercero, los operativos militares relámpagos que se los hace de manera móvil en ciertos lugares claves de cualquier ciudad; y cuarto, la criminalización de la manifestación popular en Santiago o Nueva York. Resultado: las ciudades han sido invadidas por las fuerzas del orden: Policía y Fuerzas Armadas, que ahora se han convertido en una parte inconfundible del paisaje urbano.

En este contexto, no llama la atención el caso emblemático de la presencia de la policía militar de la Gobernación de Río de Janeiro en la favela de Rocinha, el 13 de noviembre pasado, bajo el operativo denominado “Golpe de Paz”. El final de la misión realizada por 3.000 efectivos quedó sellada cuando el jefe del Estado mayor de la Policía Militar señaló: “Tenemos el placer de informar que Rocinha, Vidigal y Chácara do Céu ya están bajo nuestro control”. En otras palabras, la invasión quedó consumada y la pacificación llegó para que el Mundial de Fútbol 2014 y los juegos olímpicos de 2016 puedan realizarse sin problema alguno... Esta favela tiene el índice de escolaridad más bajo y las tasas de tuberculosis más altas de Río de Janeiro. Por eso una habitante de Rosinha declaró: "Solo espero que cuando acabe la Copa del Mundo no se olviden de nosotros". En el mundial de fútbol del año 2010 realizado en Sudáfrica no fue distinta la vía de la pacificación a la que se sigue en Brasil para el 2014. Comparando estos dos casos con lo ocurrido en el mundial del año 1978, realizado en Argentina, se puede ver que fueron diferentes en el contenido aunque similares en la forma: la motivación que condujo a una política de “pacificación” en los mismos barrios, aunque con el nombre de Villas Miserias, fue impulsada por la Dictadura Militar y encargada a las mismas fuerzas Armadas y a la Policía; sin embargo, el nombre de las acciones fueron “operaciones rastrillo” y los actores de contraparte no fueron los delincuentes sino los llamados terroristas. Se puede afirmar que estas acciones son las neo invasiones urbanas, producto de la nueva guerra que se ha instalado para aniquilar a los neo-enemigos (Pandillas, narcotraficantes, migrantes) que, lejos de pacificar, lo que están produciendo es la escalada de la violencia con resultados francamente aterradores. Hoy tenemos más gente con más armas bajo su poder, el narcotráfico se ha convertido en un sector importante de la economía, el crimen se ha internacionalizado y todos los actos violentos se realizan de manera organizada.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 2 de febrero y el 20 de octubre se produjeron un total de 157 hechos de violencia contra candidatos. El saldo es verdaderamente aterrador: 41 fueron asesinatos, 87 amenazados, 22 sufrieron atentados y 7 fueron secuestrados; estas cifras muestran un incremento del 5% de los hechos generales de violencia y un incremento del 52 por ciento de asesinatos, con relación a las elecciones del año 2007.

Sin embargo de este importante crecimiento, en estas elecciones se observa un cambio cualitativo en la actuación del conjunto de los grupos ilegales colombianos frente al proceso electoral. Si antiguamente los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes buscaban boicotear los procesos electorales, hoy les interesa influir directamente en la elección de las autoridades para –de esta manera- someterlas a sus intereses. En eso no hay distinción entre las distintas bandas ilícitas, lo cual nos lleva a la pregunta ¿actúan mancomunadamente?

En la actualidad se observa una actividad frenética de estos grupos ilegales en las campañas electorales; porque persiguen tener representantes directos en los poderes locales o, al menos, influir o aliarse con las autoridades, con la finalidad de llevar a cabo sus actividades. Con este cambio de estrategia estos grupos se convierten en electores calificados y lo hacen a través de su penetración en las campañas políticas mediante la presencia de candidatos propios, de apoyo financiero, de intimidación y de proselitismo, entre otros. Con esta cambio de estrategia estos grupos tienen un objetivo político explícito: buscar que la autoridad correspondiente garantice su movilidad en los corredores del narcotráfico; controle la Policía del pueblo, realice acciones para desplazar o eliminar a sus enemigos de ciertos territorios (Rastrojos contra FARC), permita el control en zonas estratégicas de producción, procesamiento o circulación de las economías ilegales y que brinde protección privilegiada. Les interesa mucho menos el presupuesto municipal y mucho mas estas acciones, porque con ellas logran exponencialmente más recursos económicos. Como resultado de este cambio en la estrategia de estas bandas, se estima que el domingo próximo ellos podrían llegar a tener el control de no menos de 260 municipios, todos ellos ubicados en lugares estratégicos para la producción, procesamiento y comercialización de narcóticos. Esto significa una presencia en el 24 % de los municipios colombianos, todos ellos en territorios importantes. Una situación como la descrita debe llevarnos a preguntarnos respecto de algunos temas: ¿Cuál es la relación existente entre política y narcotráfico en América Latina? ¿El Ecuador ya entró en esta espiral política? ¿Qué sentido tiene la descentralización cuando estos intereses están presentes? ¿Con cuál Estado se relacionará el Ecuador en su frontera norte si los Rastrojos ganan varias alcaldías en el departamento de Nariño?

Es importante tener en cuenta que una propuesta en cualquier centro de cualquier ciudad tiene implicaciones generales en toda la estructura y funcionamiento de la urbe. Esta situación es mucho más significativa en una ciudad como Quito, dado que tiene una morfología muy particular, debido a su forma alargada: la dimensión que tiene en el sentido norte-sur es de más de 45 kilómetros lineales y en el sentido inverso (este-oeste) existen zonas que no llegan a los 5 kilómetros de longitud, como es justamente la parte del centro Histórico. Pero no solo eso: esta centralidad es –adicionalmente- el centro geográfico de la ciudad; con lo cual se convierte en una plataforma de articulación del norte con el sur.

La propuesta de peatonalización debe ser bien estudiada; no sólo porque afecta a la estructura general de la ciudad, sino también porque la accesibilidad es uno de los componentes fundamentales que define la centralidad urbana de una ciudad. En otras palabras, está en juego la lógica de los flujos de la totalidad de la ciudad y también el propio carácter funcional del centro histórico como plataforma de integración y como punto referencial de su cualidad central.

Si la peatonalización corta o atenúa estas condiciones funcionales del centro histórico, lo que va a ocurrir es que la integración del sur con el norte de la ciudad se va a ver menoscabada, con lo cual se incrementará la marcada segregación urbana entre las dos zonas, produciendo una mayor fractura social, cultural, económica y urbana de Quito, así como impulsando la llamada fragmentación urbana. Esta situación no es tan lejana, porque si se cierra o limita el tráfico norte-sur y sur-norte, lo que va a ocurrir es que los flujos de personas y servicios se trasladarán hacia las dos vías peri centrales que en la actualidad están colapsadas: los túneles del Tejar y San Diego y la Avenida Pichincha con El Trébol.

Adicionalmente se debe tener en cuenta los impactos que producirá en las actividades y funciones centrales que le dan vida y existencia al centro histórico. Temas de abastecimientos a los locales: comerciales, productivos y administrativos; accesibilidades para las funciones públicas, municipales y nacionales; infraestructura para el uso residencial, entre otros, deberán ser investigados. Caso contrario podría producir un cambio sustancial de los usos de suelo, con pérdidas de ciertas funciones centrales y residenciales.

En otras palabras, no se puede peatonalizar el Centro histórico sin contar con estudios de movilidad, de infraestructura vial, de transporte público y privado, de existencia de estacionamientos, del impacto en los temas identitarios, de la fragmentación urbana, entre otros.

Este operativo fue resultado de un gran trabajo de la policía como institución. Hay que resaltar: primero, la labor en el ámbito de la inteligencia, realizado durante un buen tiempo con seguimiento de usos telefónicos, la investigación de contactos y los estudios de las relaciones personales, entre otros. Adicional y posteriormente, otras secciones de la policía provenientes de las áreas especializadas y de élite ejecutan el operativo de captura y desarticulación de la red de forma totalmente eficiente.

Aquí aparecen dos elementos singulares que deben ser resaltados: por un lado, la eficiencia de las instancias de inteligencia y de operación especial de la Policía y por otro, la buena coordinación que se evidencia entre inteligencia y operación. En otras palabras, la institución funcionó –como totalidad- muy bien; a lo cual hay que sumar el hecho de que la acción fue limpia, tanto que se produjo sin que haya caído una sola gota de sangre.

Del conjunto del proceso seguido por la Policía, se pueden extraer algunas conclusiones fundamentales: primero, la importancia que tiene en la actualidad el trabajo de inteligencia dentro de la nueva “coyuntura delictiva”, caracterizada por las motivaciones económicas del delito y ejecutadas por grupos delincuenciales organizados. Que a la inteligencia policial le falta mucho, es cierto; pero que empieza a cumplir bien también es verdad. Un ejemplo adicional de esta conducta institucional es el descubrimiento del autor intelectual y de los sicarios que asesinaron a un empresario en la zona de Miravalle en Quito; resultados obtenidos en menos de un mes de tan lamentable hecho.

Segundo, hay que reconocer que los cuerpos especializados de la Policía son bastante buenos, aunque deben mejorar. Allí están, por ejemplo, los grupos de la Unase, el GOE, GIR y Gema que están especializados en determinados delitos y operativos, que requieren de un monitoreo riguroso. El tercero y quizás el más importante es que la Policía como organización asumió institucionalmente el problema, tanto de la eficiencia en el operativo de reducción del delito, como de la transparencia en el manejo de la responsabilidad de uno de sus cuadros oficiales más altos.

En otras palabras, la Policía Nacional desactivó una red organizada de narcotráfico y procesó a un miembro de la institución de manera profesional. ¿Cómo no reconocer este hecho? ¿Qué otra institución social, privada o pública lo ha hecho? El General Inspector Fausto Patricio Franco López tiene mucha razón cuando señaló: "lo fundamental aquí es cómo la Policía está actuando". Así como se le ha criticado reiteradamente a la institución policial, es el momento de felicitarle y agradecerle por la buena actuación que ha tenido en los casos de Esmeraldas y de Miravalle.