En el país durante el año 2010 se incautaron 18 toneladas de narcóticos, en el 2011 subió a 26 y para el año anterior (2012) se llegó a las 42 toneladas. En lo que va de este año 2013 la cifra de incautación subió a 46 toneladas de droga, siendo 39 de ellas de cocaína y alrededor de 17 toneladas destinadas al consumo interno. Si la tendencia se mantiene, nada raro será que a fin de este año se haya superado las 50 toneladas; lo cual significa que en 4 años se ha incrementado la captura de droga en alrededor del trescientos por ciento. Respecto de esta tendencia creciente pueden haber tres explicaciones hipotéticas: que aumentó el paso de droga por el país, que ha mejorado el trabajo de interdicción realizado por la Policía o que sea una combinación de las dos. Lo real y objetivo es que hay una mixtura de las dos primeras alternativas: por un lado, existe un crecimiento del tránsito de la droga por el país, debido a la articulación de las bandas colombianas con los carteles mexicanos en ciertos lugares estratégicos, como es el caso del Ecuador donde la dolarización, la debilidad institucional y la ubicación entre los países de producción más grandes del mundo (Colombia, Perú) y los de consumo (EEUU, Asia, Europa) es determinante. Segundo, también se debe reconocer que en este último tiempo se ha producido una recomposición institucional del trabajo policial; hay que destacar el nivel de actuación en inteligencia que ULCO ha logrado y en el operativo, lo impulsado por los grupos antinarcóticos del GIR, UIAD, GEMA y GOE. Se han desarticulado aproximadamente 80 bandas vinculadas al tráfico de drogas y 600 relacionados a grupos delincuenciales; dando un total de 4.500 personas sometidas a prisión (un promedio de 7 por grupo). Quizás el operativo más llamativo sea el que se produjo la semana pasada cuando se logró detener a la cúpula del mayor grupo criminal de los últimos 20 años. Esta agrupación ilegal tenía vínculos con bandas como Los Urabeños y Los Rastrojos de Colombia, y cárteles como el de Sinaloa de México: Las actividades delincuenciales de esta red eran bastante diversificadas: narcotráfico, trata de personas, migración irregular, tráfico de armas y sicariato. También se debe resaltar que habían logrado cooptar a algunos miembros de la policía (un capitán), del registro civil, así como personas provenientes de distintos países: Holanda, Colombia, Ecuador, México. La actuación de este grupo criminal estaba localizado estratégicamente en las provincias de la Costa que colindan con el Pacífico y con Perú y Colombia: Esmeraldas fronteriza con Colombia, Manabí ciudad portuaria, Guayas y Santa Elena como centros de acopio, consumo y exportación de narcóticos y Los Rios, fronteriza con Perú. Además sus tentáculos se extendían a Santo Domingo de los Tsáchilas, un lugar clave de la intermediación con Colombia. El grupo estuvo vinculado a la fuga de 18 reos de la cárcel La Roca, en Guayaquil, y la recaptura se realizó en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, lo cual muestra el nivel de vínculos que estas organizaciones ilegales tienen, pero también el trabajo que ahora la policía desarrolla internacionalmente.