Uno de los equilibrios de poder más importantes para sostener la democracia tiene que ver con los territorios. Generalmente, se cree que los mismos deben venir exclusivamente de la relación entre las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, dejando de lado -por considerarlos de menor importancia- a los equilibrios que deben construirse desde los distintos niveles del Estado es decir en las relaciones entre lo nacional y lo sub nacional.

Una muestra de esta afirmación se puede apreciar en la última consulta popular realizada en el mes de mayo del año 2011, en la cual se produjo la ausencia de un pronunciamiento claro de los partidos políticos anclados en la Costa (PSC, PRE y MG), lo que generó el triunfo de la propuesta nacional sobre esos territorios -que son los bastiones electorales de estos partidos- y por extensión sobre el resto del país.

En la actualidad, en el Ecuador se ha iniciado la fase pre electoral que conducirá a la elección de las autoridades subnacionales, vinculadas con los municipios y con las provincias. 

En esta ocasión, - y por efecto de la Constitución aprobada en 2008- los funcionarios electos durarán cinco años en sus cargos, tal como ocurrió en el período anterior, con la finalidad de que las elecciones nacionales y subnacionales se realicen de manera diferenciadas y de que en el país se realicen cada dos años.

Tal como se avizora, en las elecciones de febrero próximo, una buena parte de los alcaldes y prefectos buscaran la reelección con el apoyo del ejecutivo nacional y del Movimiento Alianza País. Una paradoja: muchas de estas autoridades llegaron a esas dignidades con el auspicio de otros partidos políticos y, por razones de clientelismo intraestatal, este acuerdo se dio por mutua conveniencia. Allí están los casos de los Municipios amazónicos que se han definido alrededor de la posición gubernamental del Proyecto Yasuní, las Prefecturas relacionadas a los proyectos de riego o las municipalidades adscritas a las obras de infraestructura de iniciativa gubernamental. 

Con un panorama como el anterior, si se reeligen a estas autoridades, lo que tendríamos es una construcción de lo local desde una perspectiva nacional, o lo que es lo mismo, que los territorios pierdan autonomía, situación demandada desde hace mucho tiempo por las regiones y las localidades. Sucedería también que se licuarían las formas de representación y de identidad de la sociedad local o regional en sus ámbitos territoriales respectivos, es decir del autogobierno como forma de fortalecimiento de la democracia (participativa) y de los aportes al desarrollo. 

Y, a nivel nacional, habría una concentración de poderes, esta vez desde el ámbito territorial, que se sumaría a la separación de las distintas funciones del Estado; en otras palabras, los resultados interesantes de descentralización construidos en la Constitución -sometida a plebiscito en el año 2008- y la aprobación del Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) no serán vulnerados, pero la realidad electoral de la democracia delegativa conduciría a una restricción importante en la democracia participativa (descentralización).