En estos días el Estado ecuatoriano -población, territorio y gobierno- vive una situación de gravedad y emergencia, sin que se le preste la atención adecuada; existe un estado de genocidio, entendido como un delito internacional imprescriptible, que destruye grupos nacionales o étnicos. Eso es exactamente lo que ha ocurrido el mes de marzo pasado: primero, el día 5 son asesinados dos miembros de la etnia Huoarani que operaban como enlaces con los Taromenane, y segundo, el 29 de marzo cuando habrían fallecido -por represalia- no menos de 10 miembros de la etnia Taromenane en manos de los huoaronis. Estos asesinatos deberían llamar la atención nacional e internacional porque no son hechos aislados o recientes: los taromenanes han visto reducir su territorio inscrito en el Parque Nacional Yasuní, debido a los afanes colonizadores de las empresas petroleras, madereras y del reparto de tierras a los colonos; pero también porque en la actualidad esta nacionalidad tiene una pequeña población de un poco más de 100 personas, disminuida por la sucesión de asesinatos ocurridos a lo largo del tiempo. En otras palabras, lo que ha acontecido es el exterminio de su población y el aniquilamiento de los medios ambientales que les otorgan las condiciones de vida. Adicionalmente -y no con menor importancia a los dos anteriores- el Estado en su conjunto ha cerrado los ojos porque son pocos, están en la selva y no dan votos; pero sobre todo, porque han empezado a utilizar las definiciones de “pueblos no contactados” o en “aislamiento voluntario” para construir la “relación ausente” con ellos. Por eso las políticas públicas emprendidas por el Estado han sido una manera de desentenderse de esa realidad. De este atroz caso se pueden extraer -al menos- tres conclusiones: 1. Si hubo 10 personas asesinadas y la población de los Taromenane llega a 100 personas, eso quiere decir que ha habido el fallecimiento del 10 por ciento de la población. Si se hace un parangón con la población ecuatoriana –que es un poco más de 14 millones de personas- esto significaría que en el país habrían muerto un millón cuatrocientas mil personas… Sin duda se ha producido un “genocidio” explícito por el monto de las personas fallecidas. 2. Si su hábitat natural ha sido invadido y deteriorado, las condiciones de vida se han perdido y el patrimonio histórico del país menguado. 3. Los conceptos internacionales “pueblos no contactados” o “aislamiento voluntario” han conducido a su invisibilización y, lo que es más preocupante, a políticas públicas que conducen a un lavado de manos generalizado: se crea una realidad inexistente, para posteriormente no tener ninguna obligación de actuación, porque son seres carentes de derechos. Sin duda que este desentendimiento de la problemática podría considerarse un “genocidio por omisión”. Más evidente esta situación si las constituciones que han regido al país señalan el derecho a la vida y a la protección y la inexistencia de la pena capital en el territorio nacional. La constitución del 2008 –incluso- reconoce que el Estado es plurinacional, como forma incluyente del conjunto de los pueblos y nacionalidades. También contiene una lógica del pluralismo jurídico que reconoce el derecho consuetudinario y el derecho indígena pero ¿Por qué no operan en estas jurisdicciones? ¿Qué se ha hecho por preservar los territorios de estas nacionalidades o por reconocer sus espacios bajo límites explícitos? ¿Cómo no detener ese exterminio y genocidio poblacional, material y espiritual de ese patrimonio cultural de todo el país? Ello forma un cuadro de genocidio particular: el de omisión.