El día martes de carnaval se produjo la fuga de 19 reos de la Cárcel La Roca, considerada de “máxima seguridad”. El operativo fue perfecto: luego de la hora del receso los presos amarran y encierran en las celdas de visita a los guías penitenciarios; hacen un hueco en una de las paredes y fugan en 4 vehículos y en una embarcación que los esperaba en las inmediaciones del reclusorio. Las cámaras de video de las cárceles como las del ECU 911 no graban nada; prácticamente no hubo resistencia de los guías penitenciarios y la policía no se enteró de lo ocurrido hasta cerca de las 20 horas. Por suerte no hubo heridos en un hecho de esta magnitud. Los presos fugados tenían penas de 25 años y muchos de ellos eran miembros de las temidas bandas criminales de los “Pepudos” y de los “Choneros”.

De este conjunto de situaciones, lo primero que llama la atención es un problema estructural que viene de las características de la violencia actual: el alto nivel de la organización del crimen. Esta situación explica el hecho de que el operativo se haya hecho de manera absolutamente planificada. Sin duda que tras las acciones hubo inteligencia criminal, tanto dentro de la cárcel como fuera de ella; lo cual evidencia que estas bandas ilegales no han sido desestructuradas. La capacidad logística que tienen no es nada despreciable: los contactos hacia el interior deben haberse realizado a través de medios de comunicación como celulares o, incluso, de la central telefónica que la policía descubrió en días pasados en las inmediaciones del recinto; también deben haber mediado hechos de corrupción y/o intimidación. La capacidad de fuego es alta, tal cual se revela con el descubrimiento de que los alimentadores y las municiones eran de fusiles robados en un destacamento de las FFAA en la frontera con Colombia.

El segundo, también estructural, tiene que ver con el vínculo que debería existir dentro de las instituciones del sistema penal. Por ejemplo, las reformas legales que se han implementado han producido una inflación de presos; al inicio del Gobierno del Presidente Rafael Correa existían alrededor de 18 mil presos; tres años después bajaron a 11 mil y ahora tenemos 21 mil reclusos en las cárceles. En los tres últimos años se ha duplicado el número de internos. Con este ritmo de crecimiento del número de presos no hay infraestructura capaz de soportarlo, por eso es imprescindible pensar en penas alternativas o sustitutivas, así como en el uso de tecnologías apropiadas (brazaletes).

El tercero, así mismo estructural, está relacionado con la gestión de los reclusorios. En el país existen 45 cárceles, muchas de las cuales no reúnen las condiciones mínimas porque son casas arrendadas que han sido adecuadas a las funciones de privación de la libertad. Pero también se tienen reclusorios con una capacidad de presos que va más allá de los requerimientos técnicos o de las condiciones de respeto a los derechos humanos. El Gobierno ha hecho una inversión muy importante, que ronda los 60 millones de dólares, destinados a mejorar los edificios, a la formación de guías penitenciarios y a la incorporación de tecnología. Sin embargo sus resultados no han sido positivos hasta el momento, porque no se ha definido claramente las características del sistema carcelario y los modelos de gestión a aplicarse.

En suma, en el Ecuador existen tres problemas estructurales vinculados a las cárceles: la nueva modalidad con la que opera el crimen organizado; el diseño de un marco jurídico que únicamente penaliza con cárcel; y la existencia de un sistema carcelario que no tiene claridad respecto del modelo de gestión.