(...) A partir de la década de los años noventa se inicia un proceso de multiplicación de los actores destinados al control y prevención de la violencia en América Latina. Este hecho tiene relación con el cambio estructural que se produce a partir de la Reforma del Estado, básicamente en tres de sus elementos principales: en primer lugar, se vive un proceso de apertura sustentado en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y en la generalización del mercado a escala global, que lleva al aparecimiento de nuevos delitos (informáticos) y a la presencia de nuevos actores internacionales (Ameripol); en segundo lugar, existe el impulso de los procesos de descentralización que impulsan el fortalecimiento de los gobiernos locales (municipios), como entes dedicados principalmente a la prevención del delito y a impulsar política de participación ciudadana; y en tercer lugar, a los procesos de privatización, que para el caso que nos ocupa, permite la presencia de un conjunto de empresas de carácter privado destinadas a los servicios de protección de la población (...)