La violencia se ha convertido en uno de los principales temas del debate académico y político, posicionándose significativamente tanto en la agenda pública como en la agenda política de América Latina. Sin embargo, existe gran preocupación respecto de lo poco que se conoce; al extremo que se convierte en una necesidad ineludible el comprender el fenómeno en su conjunto -en cada contexto histórico- marcado por la alta criminalidad, la inseguridad y las políticas ineficaces. Como punto de partida es necesario hacer una primera precisión conceptual respecto de la violencia; por un lado, no debe ser entendida como una patología social captada a partir de ciertos eventos calificados como delitos, que vienen de los llamados factores de riesgo o de sus múltiples causas, sino de las relaciones sociales particulares del conflicto que nacen de una compleja construcción social y política (Sozzo, 2008). La violencia se expresa a través de diferentes dimensiones (política, estructural, simbólica y cotidiana) y adquiere sentido a partir de los contextos particulares en los que se produce, dando cuenta de su carácter multifacético (Bourgois, 2005). Y por otro lado, la criminalidad y los delitos hacen referencia a aquellos actos violentos que se encuentran considerados y tipificados por la ley penal (contrato social), y asumidos por ciertos actores estatales (policía, justicia) y no estatales. En otras palabras, violencia y delito (criminalidad) no son símiles, en tanto el primero lo desborda porque contiene el segundo.