En esta última semana se han difundido profusamente algunos videos que muestran las formas de “capacitación” que utiliza la policía en la Escuela Gustavo Noboa Bejarano, ubicado en la provincia de Manabí. Las imágenes muestran prácticas “pedagógicas” reñidas con los Derechos Humanos, universalmente aceptadas: uso de gas lacrimógeno, golpes a los estudiantes y policías semidesnudos, entre otros. Gran indignación ha causado, nacional e internacionalmente, esta información salida de la misma policía.

Lo primero que se debe decir respecto de este tipo de prácticas “formativas” es que se inscriben en la lógica de la doctrina de la guerra fría, donde las fuerzas del orden debían ser implacables con el enemigo interno; para lo cual se requería una preparación física, sicológica y técnica para confrontarlos. Era una lógica de guerra y de la dinámica propia de la doctrina de seguridad interna. Sin embargo, de aquella época para acá las cosas han cambiado sustancialmente, una vez que el muro de Berlín cae en 1992, se cierra esta era de confrontación y se inicia otra totalmente diferente.

En la actualidad la seguridad pública, que busca el sostenimiento del orden público-estatal pierde sentido; mientras la seguridad ciudadana adquiere relevancia gracias al incremento de los hechos delictivos y al aumento de los grados de violencia en las relaciones interpersonales. Las tasas de homicidios en Ecuador se duplican en los últimos 20 años y, según las encuestas de opinión pública, la primera demanda de la población es la seguridad ciudadana. De allí que la pregunta pertinente al ver estos videos sea: ¿Por qué una formación policial que corresponde a otro momento histórico?

Una “capacitación” policial que usa métodos violentos solo conduce a reproducir la violencia en el ejercicio de las actividades de las fuerzas del orden. Si hoy en día se requiere un policía que sea amigo de la población, de esta forma será difícil de lograrlo. Adicionalmente, la utilización de gas lacrimógeno no tiene nada que ver con las políticas de seguridad ciudadana, en tanto esas armas sirven para dispersar manifestaciones; por eso, ¿Como pensar la utilización del gas lacrimógeno para detener el robo de un vehículo o de un banco? Imposible, porque a los delincuentes hay que reducirlos a prisión y no dispersarlos.

También las imágenes muestran los lugares donde se realizan estas prácticas contrarias a los DDHH: se trata de una zona rural en la provincia de Manabí: allí nace un nueva pregunta: ¿Cómo formar en zonas rurales cuando los delitos principales y mayoritarios se desarrollan en las ciudades? Lo mismo respecto a la necesidad de contrarrestar las manifestaciones políticas de movimientos sociales y grupos políticos, que la mayoría son urbanos y, es más, esas protestas deben ser resueltas políticamente y no policialmente, porque nuestra Constitución las reconoce.

Toda política de formación policial debe realizarse de acuerdo a una doctrina específica, a un modelo policial claro, a una definición de las especializaciones internas y a una estructura organizativa de la institución. De las 14 escuelas de policía que hay en el país, que es un número muy elevado, no se difunden los pensums académicos que tienen (transparencia) y cuando algo se sabe de ellos, sus contenidos no son actuales, como por ejemplo, frente a la realidad de los delitos o de la tecnología. Hay que producir una importante reforma institucional de la policía, que tenga –como parte central- una nueva propuesta educativa.