Respecto de las políticas de seguridad ciudadana se han construido muchas “verdades a medias” que, a fuerza de ser repetidas constantemente, se han convertido en verdades absolutas e incuestionables. Muchas de ellas provienen de la cooperación y de la llamada literatura internacionales, que son las cadenas de transmisión de las políticas nacidas –principalmente- en EEUU e Inglaterra hacia cada uno de nuestros países. Esta forma de construcción de las políticas ha conducido a que nadie se arriesgue a ponerlas en duda y, mucho menos, a cuestionarlas, asumiéndolas como verdades sin beneficio de inventario. En esa perspectiva, la más recurrida es la llamada “prevención”. ¿Quién cuestiona o se pregunta respecto de su validez? Más aún, es una política marginal que poco se aplica en América latina; siendo hoy en día el modelo del Plan Colombia el que tiene hegemonía: allí Colombia, México, El Caribe y Centro América, entre otros. La prevención supone la existencia de un hecho anterior al delito sobre el cual se debe actuar; sin embargo, ¿Cual es el hecho anterior si se trata de una condición estructural que borra esa posibilidad? Si el hecho anterior que gatilla el delito es una causa, ¿Cómo desentrañar la misma si en realidad lo que existe es una superabundancia de causas? Los “casos éxitos” son parte de las políticas de la cooperación internacional y cada vez tienen más peso. Cuando alguna propuesta de seguridad muestra algún elemento positivo, inmediatamente se le cuelga el cartelito de excelencia, incluso sin que se haya hecho una evaluación que acredite su bondad y eficiencia. La violencia es muy distinta por países y ciudades, como también por tipos penales. Lo que en un país está penado en otro puede que no lo esté, porque la violencia y el delito son relativos. Más aún, es contradictorio que se estimule la existencia de observatorios del delito para conocer las violencias y por otro, se vendan los casos exitosos totalmente descontextualizados. ¿Quién discute en esta época de revolución científico-tecnológica el que se adquiera “tecnología” para la reducción de la violencia? Este es el gran negocio del momento en América Latina: el sector crece a una tasa cercana al 14 por ciento anual. En la región se conoce que cuando no se sabe qué hacer se recurre a la logística y a la infraestructura; es decir, salir a comprar tecnología. El problema para muchos formuladores de políticas el problema está en la baja “capacitación” de los operadores de la seguridad ciudadana. Cómo los policías no actúan bien, la capacitación (ni si quiera la formación) resuelve los problemas. Los pensum académicos no importan, como tampoco la doctrina, la estructura y el modelo policial. Y mucho menos las características de los tipos de delitos existentes. También la manida referencia a la “impunidad” como mecanismo de solución de la violencia se instala con fuerza. Eso supone asignarle al sistema penal toda la responsabilidad cuando, por ejemplo, en Quito, según la reciente encuesta de victimización, solo el 17 por ciento de los delitos se denuncia. Ahí existe falta de legitimidad institucional y temor a las represalias. El sistema penal procesa el juzgamiento después de producido el hecho delictivo, creyendo que la pena resuelve el conflicto, cuando más bien lo acrecienta. La cárcel, ubicada en el último peldaño del sistema penal, opera como masa gravitatoria donde todos los caminos conducen a ella y, cuando todos reconocen que es una instancia reproductora de violencia, porque no rehabilita, potencia la carrera delictiva y es un lugar desde donde se organizan y ejecutan hechos delictivos de gran escala.