Este domingo 30 de octubre se realizarán las elecciones locales en Colombia, para seleccionar 1.103 alcaldes y los miembros de los concejos municipales; así como 32 gobernadores y los representantes ante las asambleas departamentales.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 2 de febrero y el 20 de octubre se produjeron un total de 157 hechos de violencia contra candidatos. El saldo es verdaderamente aterrador: 41 fueron asesinatos, 87 amenazados, 22 sufrieron atentados y 7 fueron secuestrados; estas cifras muestran un incremento del 5% de los hechos generales de violencia y un incremento del 52 por ciento de asesinatos, con relación a las elecciones del año 2007.

Sin embargo de este importante crecimiento, en estas elecciones se observa un cambio cualitativo en la actuación del conjunto de los grupos ilegales colombianos frente al proceso electoral. Si antiguamente los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes buscaban boicotear los procesos electorales, hoy les interesa influir directamente en la elección de las autoridades para –de esta manera- someterlas a sus intereses. En eso no hay distinción entre las distintas bandas ilícitas, lo cual nos lleva a la pregunta ¿actúan mancomunadamente?

En la actualidad se observa una actividad frenética de estos grupos ilegales en las campañas electorales; porque persiguen tener representantes directos en los poderes locales o, al menos, influir o aliarse con las autoridades, con la finalidad de llevar a cabo sus actividades. Con este cambio de estrategia estos grupos se convierten en electores calificados y lo hacen a través de su penetración en las campañas políticas mediante la presencia de candidatos propios, de apoyo financiero, de intimidación y de proselitismo, entre otros. Con esta cambio de estrategia estos grupos tienen un objetivo político explícito: buscar que la autoridad correspondiente garantice su movilidad en los corredores del narcotráfico; controle la Policía del pueblo, realice acciones para desplazar o eliminar a sus enemigos de ciertos territorios (Rastrojos contra FARC), permita el control en zonas estratégicas de producción, procesamiento o circulación de las economías ilegales y que brinde protección privilegiada. Les interesa mucho menos el presupuesto municipal y mucho mas estas acciones, porque con ellas logran exponencialmente más recursos económicos. Como resultado de este cambio en la estrategia de estas bandas, se estima que el domingo próximo ellos podrían llegar a tener el control de no menos de 260 municipios, todos ellos ubicados en lugares estratégicos para la producción, procesamiento y comercialización de narcóticos. Esto significa una presencia en el 24 % de los municipios colombianos, todos ellos en territorios importantes. Una situación como la descrita debe llevarnos a preguntarnos respecto de algunos temas: ¿Cuál es la relación existente entre política y narcotráfico en América Latina? ¿El Ecuador ya entró en esta espiral política? ¿Qué sentido tiene la descentralización cuando estos intereses están presentes? ¿Con cuál Estado se relacionará el Ecuador en su frontera norte si los Rastrojos ganan varias alcaldías en el departamento de Nariño?