A diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas, como nunca y con fuerza inusual han aparecido en estas semanas un conjunto de mitos respecto a la inseguridad ciudadana en el país y, lo más grave de ello, que las políticas oficiales y las de la oposición se asientan sobre ellas. Sin duda, el primero y más Importante es aquel que tiene que ver con el peso que se asigna a las demandas de seguridad venidas de la población, por encima de los hechos de violencia objetivamente producidos; en otras palabras, entre la violencia subjetiva y la violencia objetiva, la primera tiene prioridad sobre la segunda. Hoy, las políticas se diseñan más por la presión de la demanda que por el conocimiento real de los actos de violencia; así por ejemplo, el peso de las encuestas de opinión pública, los titulares de los medios de comunicación, el peso de las marchas blancas o plantones y las declaraciones de los partidos políticos. Es decir, un mito que se sustenta en la necesidad de satisfacer de manera inmediata la venganza de la víctima, por sobre la realidad de la seguridad y la justicia. De este primer mito, nace el segundo: negar que la violencia y también, las medidas para controlarla son políticas. Responder a la demanda con una oferta creciente de mano dura no es otra cosa que una expresión política que pretende generar legitimidad de las instituciones, las autoridades y las políticas, a sabiendas de que estas medidas no surtirán un efecto sostenido en el tiempo y, a lo sumo, sólo crearan “burbujas de seguridad", que muy rápidamente se desvanecerán ¿Cuándo una política pública no ha sido política? La Polícia -por definición- es una institución que está a las órdenes de una autoridad política. Si, por un lado, el oficialismo tiene a mano las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que hará será sacar a la calle a sus efectivos para mostrar su compromiso con la ciudadanía y, por otro lado, la oposición ofrecerá el endurecimiento de penas, la xenofobia y el chauvinismo de fronteras. De allí que no sea nada raro que aparezca un tercer mito vinculado a los dos anteriores: la imprescindible aprobación de unas cuantas Reformas al Código Penal, como son: el endurecimiento de las penas, la reducción de la edad de imputabilidad penal y la eliminación de los mecanismos de caducidad penal, entre otros. Como si con la sola aprobación de estas reformas al marco jurídico la violencia se reducirá; más cuestionable aún si -según el relator de Naciones Unidas- la Impunidad en el país es de 98,7% y las cárceles están altamente hacinadas; es decir, más que un problema de leyes es un tema de eficiencia en la administración de Justicia. El populismo penal nunca ha resuelto los problemas de violencia, aunque a corto plazo ha permitido la legitimidad política de sus defensores. El cuarto mito se refiere al hecho de que la presencia militar y policial en las calles es suficiente para el control del delito. Hoy, la violencia es muy distinta a la que teníamos hace no más de 10 años; ahora se trata de un delito local que nace de una organización que es más global y con mayores enlaces con otros delitos. Por eso, en el presente, se requiere un nivel de inteligencia más sofisticado; de un sistema institucional gIocal con estrategias explicitas y de un sistema penal acorde a esta realidad.