Un fantasma se cierne sobre América Latina: el fantasma de la violencia. Contra este fantasma se han conjurado en santa unión todos los organismos de cooperación internacional, los gobiernos de nuestros países, los partidos políticos de todos los signos, los medios de comunicación y las sociedades victimizadas.

Es un fantasma porque es la imagen de las personas muertas que, según dicen, se les aparecen permanentemente a los vivos; y se les aparece como percepción porque existe un crecimiento significativo de las tasas de homicidio, que en veinticinco años se han duplicado: se pasó de los 12 homicidios por cien mil habitantes en 1980 a 25.1 en el año 2006; en otras palabras, se trata de una problemática en ascenso que en la actualidad significa un número no menor a los 170 mil homicidios por año.

Pero no solo que hay un aumento de los homicidios sino también -según Latinobarómetro- las demandas de seguridad ciudadana han crecido a un ritmo mayor: en el año 2000 se ubicaron en el cuarto lugar, en el año 2005 pasaron al segundo puesto y en la actualidad están posicionadas sólidamente como la primera reivindicación de la sociedad Latinoamericana. La percepción de inseguridad (violencia subjetiva) convierte al temor en el principal imaginario social y, por lo tanto, en el principal fantasma que rige y organiza la vida cotidiana de la población. La percepción de inseguridad define por dónde voy, por dónde regreso, qué transporte tomo, cómo me defiendo y actúo, y porque me encierro en mi casa. Por esta vía las ciudades pierden ciudadanía (se llena de “foráneos”), espacio público (se reduce) y tiempo (hoy los días urbanos no son de 24 horas) (Carrión, F. 2010).

También es un fantasma que está presente en cada una de las esferas que impacta, convirtiéndose en un componente adicional de los hechos de violencia: en términos políticos, se puede afirmar que la violencia produce desinstitucionalización, pérdida de legitimidad y/o descrédito de los órganos claves de la democracia, como son: el sistema parlamentario, la policía, la justicia y el conjunto de instituciones estatales, lo cual conduce a la no denuncia, a la impunidad, a la justicia por la propia mano y a la informalización jurídica, y, por lo tanto, a la formación de un círculo vicioso. Lo más grave que ocurre, en casos extremos, es una transición de la violencia legítima del Estado hacia ciertas organizaciones ilegales que logran hegemonía en algunos contextos particulares.

En términos económicos, el incremento de los costos de la violencia acarrea el aumento de los costos de producción (inflación), la distracción de los recursos para el empleo y las políticas sociales y la transformación del servicio de la seguridad de un derecho universal a una mercancía de acceso diferenciado. Los costos de las violencias significan una pérdida no menor al 14,2% del PIB (Londoño y Guerrero, 2000). En América Latina cada vez se destinan más recursos económicos a la seguridad de lo que se hacía antes, tal como demuestran en los presupuestos locales, nacionales e internacionales, lo cual tiene dos efectos perversos: se seguritizan los recursos fiscales y disminuyen los recursos destinados a las políticas sociales que son el sustento de las llamadas políticas de prevención del delito. Esta ampliación desparramada del presupuesto lleva y expresa la pluralización de actores públicos (municipios), privados (Ong´s) y comunitarios (Op´s) que trabajan en la seguridad ciudadana; pero también revela que, a pesar de estos recursos, los resultados son francamente negativos y bastante desalentadores.

Pero es además un fantasma porque las violencias se nos presentan como si hubiera una sola definición, propia del pensamiento único, cuando en realidad se trata de un concepto polisémico que revela la existencia de varios enfoques. De esta manera, la violencia asume la misma condición de las categorías de democracia, desarrollo o descentralización, entre otros, que son conceptos que tienen distintos significados según las construcciones teóricas en las que se sustenten. Si la definición de violencia es polisémica, también lo será el concepto de seguridad ciudadana; tanto que podría considerarse que existen dos grandes corrientes: la estructural, que hace referencia a las explicaciones que vienen de los procesos generales y la factual, que nace de los hechos explícitos.

Detrás de esta segunda están presentes las concepciones, por un lado, de la llamada epidemiología de la violencia que tiene una visión etiológica de los fenómenos producidos (causales iniciales); esto es, que tras de cada delito hay una o varias causas y, por otro, de las lógicas penales venidas de la teleología (causas finales), que finalmente se expresa en que a cada delito le corresponde una pena proporcional.

En otras palabras, tenemos un fantasma que se manifiesta en que todavía no sabemos cómo es la violencia ni tampoco cómo manejarla, porque se la estudia poco y, ante la urgencia del caso, se interviene básicamente a través de las propuestas hegemónicas de mano dura o populismo penal, y minoritariamente mediante la prevención, que en realidad aparece más como un discurso ideológico que –incluso- va perdiendo peso como respuesta ante las demandas sociales que vienen de los altos niveles de victimización de la sociedad.

Sin embargo las dos visiones (epidemiológica y penal) están vinculadas entre sí debido a que la “multicausalidad” explicaría la existencia del delito (etiológico) y, según la secuencia lineal establecida, el sistema penal sería el encargado primero de tipificar el delito (atributos) y después procesar el ilícito (teleológico). En otras palabras, la causalidad sería una condición ex ante el delito, sobre la cual debería actuar la prevención, ubicada en una fase previa y no a lo largo de la totalidad del proceso. Desde la perspectiva etiológica, la realidad del delito estaría conformada por una superabundancia de causas difíciles de identificar (por problemas metodológicos e ideológicos) y por la existencia de un determinismo univoco lineal que producen: primero el delito, luego la investigación y, finalmente, la pena (teleología).

En esta perspectiva el sistema penal procesa el juzgamiento ex post al hecho delictivo, bajo la realidad de que los jueces conocen la Ley pero no el delito y de que la pena no resuelva el conflicto que produce el delito, sino por el contrario, lo acrecienta. En esa perspectiva, ¿Cómo pensar que el sistema penal, tal cual está diseñado, sea parte de las políticas de prevención? Por ejemplo, la cárcel, ubicada en el último peldaño del sistema penal, opera como masa gravitatoria donde todos los caminos conducen a ella y, tal cual está diseñada, actúa como una instancia reproductora de violencia. Es un lugar común la afirmación periodística de que la “cárcel es la escuela del delito”, porque no rehabilita, porque potencia la carrera delictiva y porque es un lugar desde donde se organizan y ejecutan hechos delictivos de gran escala.

Pero no solo eso, la pena carcelaria destierra al delincuente de su medio natural produciendo una transmisión generalizada del conflicto hacia los miembros de su comunidad: familiares, vecinos o compañeros. Por ejemplo, si la persona privada de la libertad es un jefe de hogar, la familia en su conjunto se afecta negativamente debido a que pierde los ingresos económicos que aportaba cuando estaba libre, lo cual genera la probabilidad de que los miembros del núcleo familiar inicien la carrera delincuencial –incluso- a una edad más temprana que su padre. Adicionalmente, cuando regrese del cumplimiento de la pena -según el tiempo de reclusión establecido- probablemente el hogar haya cambiado sustancialmente: el hijo menor será un adulto, su esposa/o habrá construida otra relación, su inserción laboral habrá desaparecido y los estigmas que pesan sobre él no serán fáciles de sobre llevar, entre otros.

Las violencias no vienen de causas genéricas y mucho menos de una superabundancia causal (masa de factores de riesgo). La violencia no se origina en factores ni atributos, sino en relaciones sociales históricamente determinadas. Por eso la violencia es relacional, histórica y plural, inscrita en un Estado en particular.

Con este trabajo buscamos introducir algunos elementos al debate respecto del conocimiento de la violencia y del sentido de la eficacia de las políticas de prevención, contrastándole con la necesidad de pensar más en el gobierno de la violencia en América Latina que en la prevención.