La nueva Constitución del Ecuador -elaborada en Montecristi y aprobada mediante plebiscito en el año 2008- estableció el camino que se debía seguir para la aprobación de los Distritos Metropolitanos Autónomos en el país. Primero, señaló que para asumir esa condición se debería contar con al menos un 7 por ciento de la población nacional; segundo, que sus competencias serían la suma de las atribuciones regionales, provinciales y cantonales; y tercero, que para llegar a esta condición se debía contar con una Ley y un Estatuto de autonomía por cada jurisdicción. El Estatuto de Autonomía es la carta de nacimiento de cada uno los Distritos Metropolitanos y se convierte en la norma básica para su funcionamiento: el nombre, los símbolos, los principios, las instituciones, los bienes, las rentas, los recursos propios y las competencias deben establecerse claramente. En otras palabras, el Estatuto es el elemento constitutivo y, además, es el marco institucional, económico, político y administrativo de gobierno del territorio metropolitano.

El proceso para llegar a esta condición es bastante complejo en términos de fases y plazos temporales: se inicia con la elaboración del proyecto de estatuto que deberá ser aprobado por el Concejo Municipal; luego debe ir hacia la Asamblea Nacional; posteriormente debe tramitarse en la Corte Constitucional y finalmente someterse a un dictamen popular mediante un plebiscito. En definitiva son tres órganos de representación (Concejo, Asamblea y Corte) y uno de decisión directa de la población (Consulta) los que deben aprobar a su debido momento. El tiempo mínimo requerido para este proceso de aprobación, se estima en no menos de 6 meses, una vez elaborado, conocido y aprobado por el Concejo Municipal.

Pero el escollo mayor viene de la última fase del proceso: la aprobación del Estatuto mediante el pronunciamiento popular. Si nos remitimos a los resultados de la Consulta y del Plebiscito del 7 de mayo pasado, queda la impresión que una propuesta sometida a la opinión popular probablemente no sea viable en esta coyuntura. Si se parte del hecho que la Consulta de mayo fue de carácter nacional, que el Presidente de la República lo asumió como actor político y que se trataba de 10 preguntas; una Consulta en el ámbito local del Distrito Metropolitano de Quito tendría mucho más dificultades de ser aprobada, más si la Consulta nacional en el caso de Quito tuvo una aceptación promedio que bordea el 48 por ciento.

Han transcurrido más de tres años sin que se tenga un proyecto de Ley y de estatuto autonómico del Distrito Metropolitano; por lo que un debate sobre el tema aún no se ha abierto. Es realmente preocupante esta situación porque el Estatuto Autonómico le daría a Quito una condición que le permitiría generar un marco institucional flexible y contar con mejores condiciones para su gobernabilidad en el contexto de las grandes transformaciones que se vive con la globalización. Desgraciadamente este caro anhelo de la ciudad y de su gente se difiere en el tiempo, pero también nos hace perder competitividad en este mundo global y eficacia para emprender las soluciones a las grandes necesidades de la sociedad.