En nuestro país se han generalizando conductas que nacen en la vida cotidiana y que conforme pasan los años terminan por regir las acciones de la población. Como ejemplo de esta afirmación vale señalar lo que ocurre en dos ámbitos significativos que se viven en Quito y el país: el uno, alrededor del transporte y el otro, de la inseguridad ciudadana.

En el caso del transporte un elemento central es lo que ocurre con el taxismo. Con el pico y placa se han producido cambios importantes a partir de la presión que ejerce la demanda: primero, un incremento notable del número de viajes en taxi por el efecto del traslado de los pasajeros del vehículo privado hacia este servicio público. Segundo, hay un aumento considerable del número de taxis bajo una forma dual: entre los formales y los piratas, que en su conjunto, llegan a ser un poco menos de 19 mil vehículos. Según las normas internacionales, el número óptimo de taxis para Quito debería ser menos de la mitad de los existentes en la ciudad. Tercero, da la impresión que este grupo de operadores empieza imponer condiciones al mercado, tan así que los taxis piratas no tienen taxímetros y los formales los reprograman a su antojo; también los taxistas del aeropuerto cobran lo que les viene en gana dejando en mal predicamento la imagen de la ciudad.

El incremento del número de taxis y el peso que ahora tienen en la estructura de viajes de la ciudad ha terminado por empoderar políticamente a este sector. Tan es así que la regulación de esta actividad se está haciendo tan compleja como la de los buses. Sin embargo ya es hora que, de una por todas, se logre regular este “servicio”, porque sus efectos son altamente nocivos para toda la transportación pública y cada vez será más difícil de normar el servicio.

En el caso de la seguridad ciudadana algo que tiende a generalizarse es la transformación que sufre el habitante de la ciudad. Hoy en día entrar a una urbanización, ingresar a un edificio público o privado o acceder a un centro comercial se tiene que cumplir con dos requisitos básicos: presentar la cédula de identidad y ser sometido al indignante trato del cacheo realizado por un guardia privado poco amable. Los administradores de los edificios de los organismos internacionales, de los ministerios del gobierno nacional, de los recintos universitarios, de las oficinas del sector privado y de los medios de comunicación, entre otros, tienen instrucciones explícitas de retener la cédula de identidad para poder permitir el ingreso del visitante, lo cual se convierte en un acto absolutamente abusivo. Que soliciten la cédula y registren los datos del visitante está dentro de lo permitido; pero despojar el documento ya es otra cosa; mucho más si esta acción es realizado por policías privados, en muchos casos que ni siquiera tienen su propia identificación.

Hoy en día la seguridad se ha convertido en una justificación de muchas acciones que están al margen de la Ley, con lo cual termina por convertirse en causa de nuevos hechos de ilegalidad. Eso es lo que está ocurriendo con el manejo de las cédulas de identidad en cada uno de estos espacios. No puede la fuerza de la costumbre imponerse como norma general de aplicación obligatoria. Y mucho menos que estos mecanismos de control lleven a transformar la ciudadanía en foraneidad: ciudades de extranjeros a los que les retiran el pasaporte y les registran en las aduanas, antes de traspasar las fronteras reales y simbólicas que han sido construidas.