Populismo penal nunca resolvió problemas de violencia, aunque a corto plazo ha permitido la legitimidad política de sus defensores

Como nunca y con una fuerza inusual ha aparecido en esta semana un conjunto de mitos respecto de la inseguridad ciudadana en el país y, lo más grave de ello, que las políticas oficiales y las de la oposición se asientan sobre ellas.

Sin duda, el primero y más importante es aquel que tiene que ver con el peso que se asigna a las demandas de seguridad que vienen de la población, por encima de los hechos de violencia objetivamente producidos; en otras palabras, entre la violencia subjetiva y la violencia objetiva, la primera tiene prioridad sobre la segunda. Hoy, las políticas se diseñan más por la presión de la demanda que por el conocimiento real de los actos de violencia; allí están, por ejemplo, el peso de las encuestas de opinión pública, los titulares de los medios de comunicación, el peso de las marchas blancas o plantones y las declaraciones de los paridos políticos. Es decir, un mito que se sustenta en la necesidad de satisfacer de manera inmediata a la víctima por sobre la realidad de la inseguridad.

De este primer mito, nace el segundo: negar que la violencia y, también, las medidas para controlarla son políticas. Responder a la demanda con una oferta creciente de mano dura no es otra cosa que una expresión política que pretende generar legitimidad de las instituciones, las autoridades y las políticas, a sabiendas de que estas medidas no surtirán un efecto sostenido en el tiempo y, a lo sumo, solo crearán "burbujas de seguridad", que muy rápidamente se desvanecerán. ¿Cuándo una política pública no ha sido política? La Policía -por definición- es una institución que está a las órdenes de una autoridad política. Si, por un lado, el oficialismo tiene a mano las Fuerzas Armadas y la Policía lo que hará será sacar a la calle sus efectivos para mostrar su compromiso con la ciudadanía y, por otro lado, la oposición ofrecerá el endurecimiento de penas, la xenofobia y el chauvinismo de fronteras.

De allí que no sea nada raro que aparezca un tercer mito vinculado a los dos anteriores: la imprescindible aprobación de unas cuantas reformas al Código Penal, como son: el endurecimiento de las penas, la reducción de la edad de imputabilidad penal, la eliminación de los mecanismos de caducidad penal y la reducción de penas, entre otros. Como si con la sola aprobación de estas reformas al marco jurídico penal la violencia se reduciría; más cuestionable aún si -según el relator de Naciones Unidas- la impunidad en el país es de 98,7% y las cárceles están altamente hacinadas; es decir, más que un problema de leyes es un tema de eficiencia en la administración de Justicia. El populismo penal nunca ha resuelto los problemas de violencia, aunque a corto plazo ha permitido la legitimidad política de sus defensores.

El mito de la presencia militar y policial en las calles es suficiente para el control del delito. Hoy, la violencia es muy distinta a la que teníamos hace no más de 10 años; en la actualidad, se trata básicamente de un delito que tiene una organización que cada vez es más global, en términos internacionales y de enlaces con otros delitos, que requiere como contrapartida la realización de acciones locales. Por eso, en el presente, se requiere un nivel de inteligencia más sofisticado; se necesita de un sistema institucional ad hoc, se demanda de una estrategia explícita, que, en su conjunto, puedan convertirse en una política de Estado.