Lo que vive la Policía Nacional en estos días es un problema de orden estructural que viene incubándose a lo largo de los años y que muestra que lo ocurrido el 30 septiembre no fue un hecho casual. La institución vive un proceso de segmentación, de fractura y de fisura institucional que se construye en estos últimos 30 años y que ahora ha hecho crisis. Lo primero: en el retorno al orden democrático en los años setenta el conjunto de las instituciones entraron en la transición a la democracia, sin la consideración de la Policía Nacional. Aquí quedaron por fuera, entre otros, dos elementos de suma importancia: por un lado, que la Policía Nacional debía asumir su condición civil sobre la base de sus objetivos y de un mando civil claro; y por otro, la definición de su competencia alrededor de la seguridad ciudadana como ocurrió en las transiciones del cono sur o de Centro América. Esta situación de fractura de lo civil y lo policial es un elemento central. En la década de los años noventa fue la cooperación internacional la que planteó una nueva ruptura que debilitó la institución: se crearon varias entidades paralelas que tienen funciones, recursos, sueldos, tecnologías y mandos distintos (GIR, GOE, GAO, UNASE) y lo más grave, que se persiguen delitos diferentes a los que tiene la sociedad nacional, perdiéndose la soberanía del delito. También en esa lógica de “especializaciones” la Policía tiene ramas de policía de tránsito, comunitaria y migración, entre otras. Esta es una lógica general de la cooperación internacional, tal como ocurrió en Salud (FASBASEs), Educación y municipios (Empresa del Centro Histórico), entre otras entidades. En los mismos años noventa aparece un nuevo recorte, este venido desde fuera de la institución policial: la privatización de sus servicios que lleva a que en la actualidad el país haya la mitad de policías nacionales de los que tienen la guardianía privada. Una situación como esta se construyó exactamente como las otras privatizaciones del Estado: con la irresponsabilidad de deslegitimar el trabajo hecho por la institucionalidad pública y, sobre todo, cambiando el sentido del servicio: de universal a selectivo, dependiendo de la demanda, y con su conversión en una mercancía. Como si esto fuera poco, la Policía Nacional tiene un contenido social caracterizado por tres elementos: sus efectivos son predominantemente serranos, mestizos y hombres. Una situación como la señalada conduce a los problemas que tiene el sistema de pases, con el consecuente desarraigo de su lugar de procedencia y la falta de sintonía con el lugar donde se llega. Y también la condición étnica y de género lleva a construir una institución racista y machista. En este ámbito algo se ha hecho para superar la segregación que ostenta. Y finalmente, existe una segmentación que tiende a profundizarse, entre la tropa y la oficialidad. No solo en cuanto a los sueldos y remuneraciones sino también a los mandos y competencias. A ello se debe añadir que la pirámide ha quedado trunca con la salida de veinte y nueve generales en estos últimos tres años y con un saldo de cuatro… En suma, la aprobación de la Ley del Servicio Público no fue “la gota que rebasó el vaso”, sino la perdida de la amalgama que sostenía las fracturas institucionales. Es la evidencia de una crisis institucional que debe ser sanada bajo un acuerdo nacional.