Poco a poco empieza a quedar en el pasado la rebelión llevada a cabo por la Policía Nacional, en principio producida por reclamos y demandas ante la aprobación de la Ley de Servicios Públicos por parte de la Asamblea Nacional. Ley con la que se reducen algunos bonos, premios y prebendas logradas por los efectivos policiales a lo largo de la historia. Fue una revuelta que se inició en Quito y de manera bastante focalizada, que poco a poco fue extendiéndose a otros repartos y subiendo de tono, principalmente por el inaudito hecho del secuestro del presidente de la república por casi 12 horas dentro del hospital de la policía. Adicionalmente debe señalarse que la oposición al régimen quiso instrumentalizar y sacar provecho de la asonada, cosa que finalmente no se produjo por la debilidad de la misma y por rápida actuación del Gobierno Nacional.

Desgraciadamente las heridas que quedan hacia el futuro son bastante fuertes, hondas y graves; resaltando la que vendrá del actor central del conflicto: la institución policial. Una primera que debe señalarse es que el debate necesario e ineludible sobre la institución será difícil de llevarse a cabo porque el tema se ha politizado, lo cual introduce una contaminación perversa. Sin embargo, quedan algunos elementos que deben ser debatidos con suma urgencia.

En segundo lugar, habrá que debatir lo más abiertamente posible respecto de las prioridades del modelo policial que debería asumirse; donde un elemento central será la disyuntiva entre seguridad pública -que mantiene el orden público- y la seguridad ciudadana -que proteger a la población de la violencia-. Hay casos en América Latina donde el haber privilegiado la seguridad pública sobre la ciudadana produjo un ascenso incontenible de la violencia que, incluso, condujo a la pérdida de la legitimidad institucional.

En tercer lugar, ayer quedó evidenciada una doble ruptura al interior de la policía, que debería encontrar una respuesta a corto y mediano plazo: por un lado, la subordinación de la policía al poder civil y por otro lado, el quiebre del mando policial entre la oficialidad y la tropa. Sin duda una situación como la evidenciada requiere salidas inmediatas en este doble sentido, lo cual pasa por institucionalizar este tipo de relaciones.

Pero también y en cuarto lugar, las aciagas horas vividas el día de ayer también muestran el debilitamiento de las relaciones entre la policía y las Fuerzas Armadas, en tanto éstas tuvieron que restablecer el orden público a costa de una fuerte confrontación bélica con pérdidas de vidas humanas y laceraciones al honor policial. Y finalmente, hay que tomar en cuenta, el menoscabo de las relaciones de la policía con la población: los efectivos policiales no tuvieron suficiente tino a la hora del encuentro con la población civil, lo cual produjo fuertes enfrentamientos con lamentables resultados; quizás el más significativo sea la deslegitimidad de la institución policial. Por encima de la contaminación política que traen estos hechos de ruptura del orden público, es absolutamente necesario –hoy más que nunca- un debate franco y abierto respecto de la institución policial. No hay que olvidar que es un soporte central de la democracia y también un componente imprescindible de la seguridad.