La reforma policial es una necesidad ineludible y está ubicada en la agenda pública de muchos países de América Latina. Se inicia por las demandas de democratización en los países que salían de los regímenes dictatoriales, por las ineficiencias para enfrentar el crecimiento delincuencial, por los problemas de corrupción y por la privatización del servicio, entre otros.

En América Latina se presentan una diversidad de situaciones, según los países. Allí sobresalen tres casos de interés: México, caracterizado por un elevadísimo nivel de fragmentación policial que le lleva a tener alrededor de 2.500 cuerpos policiales federales, estatales y municipales; Ecuador con una policía centralizada de carácter nacional; y, América Latina en general, con una lógica de la privatización del servicio que condujo a la existencia de más del doble de efectivos policiales privados respecto de los públicos.

Frente a estos tres casos lo que se tiene es lo siguiente: en México se está en un proceso de centralización a nivel de los 32 Estados y de articulación mixta de dependencias, entre el ámbito federal y el estadual. También contempla un sistema interno de monitoreo de la eficiencia y transparencia en las tareas ejercidas, que está conduciendo a una depuración significativa de policías (4.500 policías). Proceso complejo que puede desembocar -por el número de policías expulsados- a incremento las figuras parapoliciales que tanto mal han hecho en muchos países de la región.

Respecto del agudo proceso de privatización que se vive en América Latina, que está redituando a las empresas una tasa de crecimiento de sus ingresos entre 9 y 10%, justo en este período de crisis económica, se puede afirmar que empiezan a desarrollarse políticas públicas explícitas frente al sector: superintendencias que permitan un mejor monitoreo y control, una subordinación a la policía nacional, un importante control de las armas que usan, la verificación de los procesos de reclutamiento y la definición de las políticas de rectoría de lo público sobre lo privado.

En el Ecuador también tenemos un proceso que, por lo pronto, podría definirse como de modernización de la policía, que ha estado dirigido principalmente a solventar algunos de los problemas de infraestructura, comunicaciones, efectivos, entre otros. Para el efecto se diseñó un plan que supuso un presupuesto de 330 millones de dólares. Los resultados de este esfuerzo todavía son precarios.

Sin embargo, de lo que se constata en América Latina, se hace imprescindible entrar en procesos reales de Reforma de la institución, donde se parta con una propuesta adecuada a la nueva Constitución (seguridad ciudadana, coordinación alcaldes), de desmilitarización (jerarquías, tipos de cuarteles, uniformes), de democratización (transparencia, rendición de cuentas), de una doctrina de seguridad ciudadana, de definición del modelo policial (preventivo, comunitario), de profesionalización (reclutamiento, capacitación, salarios, escalafón), de especialización (antisecuestros, tránsito), de inteligencia (información, investigación, prospección), de sistemas de control interno y externo (justicia, eficiencia) y de imagen pública (legitimidad, respeto), entre otros.