El Parlamento de la República de El Salvador acaba de aprobar una fuerte ley que proscribe y penaliza a las pandillas y maras, así como establece un endurecimiento de penas a las personas que cooperen directa o indirectamente con ellas. Frente a la sanción de esta Ley, las pandillas Mara 18 y Mara Salvatrucha –enemigas entre sí- se han unido para luchar con fuerza inusual contra la ley aprobada y en la búsqueda de dialogo con el Gobierno nacional.

En esta semana hemos sido testigos del bloqueo del transporte y del cierre de los comercios en El Salvador, impulsados por estos grupos juveniles, como un mecanismo para presionar al gobierno para iniciar un proceso de negociación que permita su legalización. Estas acciones se desplieguen -por lo pronto- en San Salvador y en cuatro provincias orientales, se estiman que están produciendo pérdidas diarias por un poco menos de 10 millones de dólares diarios.

Con estos actos de las maras se recuerdan las violencias desarrolladas durante la guerra civil de la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando se buscaba detener el transporte y sabotear la economía. Pero en esta ocasión se suma un nuevo espacio de la confrontación: en 10 de los 21 centros de reclusión penal que tiene el país existen importantes amotinamientos que van dejando algunos heridos en el camino.

El Gobierno Nacional ha reaccionado con fuerza: sacaron dos mil militares más a las calles, con lo cual ya son 9 mil en estas tareas; es decir, cerca del 50 por ciento de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se han designado 3.500 policías para la vigilancia de la circulación del transporte.

Sin duda alguna, estas acciones de gobierno y de las maras- ponen en América latina un antes y un después en el tema de las pandillas o maras. El hecho de contar con una Ley específica y de las características señaladas es inédito; pero mucho más es el autoreconocimiento que estos grupos se dotan para aparecer como contradictores políticos de un Estado.

No hay duda que hoy en día a nivel mundial tenemos nuevos actores de la violencia que asumen nuevas funciones en la vida cotidiana y, sobre todo, en el escenario político y económico. Son actores política y económicamente más poderosos, tanto que reclaman espacios donde lograr seguridad para el desarrollo de sus fechorías y lo hacen bajo formas ilegales y encubiertas como el chantaje, la corrupción, la intimidación y, desde ahora, en la confrontación pública y política.

Pero no solo ello: la internacionalización de la violencia trae serios indicios de que el asesinato de 18 jóvenes en San Pedro de Sula, Honduras, y estas acciones contra el transporte y el comercio en el Salvador, podrían estar articuladas “mexicanamente”; no solo como advertencia a la masacre de los 73 migrantes en Tamaulipas sino también como forma de extensión de las redes del crimen por la región. Con ello se configura el nuevo escenario del crimen: internacionalización, integración de bandas frente al enemigo común, actores que actúan políticamente y ejecutan acciones en espacias públicos.