El día lunes se produjo la mayor masacre de migrantes en la frontera de México con los Estados Unidos y según el único sobreviviente de las 73 personas asesinadas -un ecuatoriano- el acto fue perpetrado por la banda criminal de los ZETAS, que les exigió rescates o la realización de varios trabajos como sicarios. Hay que partir señalando que esta banda internacional nació vinculada al Cartel del Golfo, que la mayoría de sus militantes fueron ex-militares que recibieron entrenamiento en Estados Unidos, Israel, y Egipto y que sus actividades la desplegaron en varios países en los ámbitos de la protección, extorsión, sicariato, narcotráfico y en ciertas ocasiones servicios –paradójicamente- al Estado Sin duda este no es un hecho aislado en el México del Presidente Calderón, pero sí significa un cambio notable que marcará un antes y un después. No es aislado, en tanto la agresión y asesinatos cometidos por sicarios y policías a los migrantes centroamericanos y suramericanos se ha venido sucediendo sistemáticamente desde hace tiempo. Es más, el Obispo de Saltillo ha responsabilizado directamente al Estado mexicano por la matanza, porque nunca fueron atendidas las denuncias realizadas por muchas personas violentadas. Pero también será un hito que marcará el tema hacia el futuro, porque nunca se había producido una matanza masiva de estas características y porque, finalmente expresa una forma mafiosa de dominio del territorio de la frontera, donde las actividades delictivas han transformando el sistema internacional, las normas, los valores, las instituciones y han generado un conjunto de nuevos actores públicos que reconfiguran el poder de la política, la economía y las relaciones internacionales. Pero también es un salto en el sentido que la violencia inter delincuencial o el sistema delictivo que se desarrolla en la frontera tiene desde este momento un elemento ineludible de poder: los Zetas, que actúan con un poder simbólico y real al que todos deben someterse para existir en la frontera: coyoteros, sicarios, migrantes, narcotraficantes y hasta el poder público formal. Allí el elemento que faltaba: si los coyoteros o migrantes no actúan bajo sus instrucciones no llegarán al destino o simplemente morirán en el intento y si los fiscales estatales no realizan las actividades de protección a la banda seguirán igual suerte. Este es el caso del representante del Ministerio Público que osó iniciar la investigación del suceso y por este hecho fue brutalmente eliminado. Por eso el crimen organizado termina por actuar con la complicidad del Estado, al que lo somete a sus intereses; pero lo más grave es que la política de guerra impulsada por el presidente Calderón está actuando en el escenario del conflicto para buscar su legitimidad política y no para socavar las bases sobre las que descansa la violencia fronteriza: el dinero que les sustenta, la protección que el Estado les brinda, las casas de seguridad que han sido la base del secuestro de no menos de 20 mil migrantes, la articulación con narcotraficantes y la economía ilegal fronteriza, entre otros. De allí que -hoy como nunca- tal como nos dice Manwaring, “México es un país donde el poder político está migrando del Estado a pequeños actores no estatales que se organizan en amplias redes con ejércitos privados, ingresos propios, servicios de beneficencia, capacidad para hacer alianzas y conducir guerras”.