Nuevamente han vuelto las discusiones alrededor de las tasas en Quito. No hace mucho fue respecto de lo que el usuario pagaba al salir del aeropuerto, si era tasa o tarifa; lo cual definía si el servicio era público o privado. Y ahora vuelve el tema de las tasas con el sistema de financiamiento propuesto por el municipio para la construcción de 12 vías consideradas prioritarias, que también tiene efectos estructurales.

Lo primero que se debe analizar es la diferencia existente entre impuesto y tasa; porque mientras el primero hace referencia al pago obligatorio que deben realizar los/as contribuyentes, sin que el Estado esté obligado a proporcionar una contraprestación directa y sin que la ciudadanía pueda exigirle. La segunda, hace relación al pago que debe realizar un usuario/cliente cuando recibe un servicio; por tanto, si éste no es utilizado, no existe la obligación de pagarlo.

El establecimiento de esta diferencia no es solo una cuestión conceptual, porque dependiendo del peso que uno de los dos conceptos tenga se puede establecer un modelo de gestión específico. Tan es así que desde mediados de la década de los años ochenta y en el marco de la “larga noche neoliberal”, la cooperación internacional con el Banco Mundial a la cabeza, estableció como política central para los municipios, la necesidad de que se conviertan exclusivamente en prestadores de servicios y que sus alcaldes sean considerados gerentes… En otras palabras, nada que ver con gobierno y mucho menos con gobernante, porque eso hace referencia a la política y no a lo técnico...

Para que ello ocurra se priorizó dentro de los ingresos municipales a las tasas sobre los impuestos, con lo cual los municipios que siguieron esta línea -Quito no fue la excepción en esta última década- construyeron un conjunto de presupuestos sectoriales sobre la base de fundaciones, corporaciones o empresas, privadas o públicas, que administraban unilateralmente cada uno de los servicios de manera “eficiente”, cuestión que quería decir: bajo gasto corriente, eliminación de subsidios y transparencia en los ingresos y alta rigidez en los egresos, todo ello gracias a las tasas y sin que lo político se involucre.

Para que ello ocurra se redujeron los ingresos por impuestos, sobre todo el predial urbano, con lo cual se benefició sustancialmente a la gran promoción inmobiliaria y los presupuestos se hicieron altamente rígidos, gracias al establecimiento de las pre asignaciones propias del modelo. De esta manera se ató las manos del concejo municipal, se redujo los gastos corrientes y los municipios dejaron de ser articuladores de políticas de desarrollo urbano, para convertirse en prestadores de servicios aislados.

Una situación como la descrita hizo perder el sentido de totalidad que la ciudad tiene, la urbe disminuyó su condición de polis y la ciudadanía empezó a erosionarse, porque dejó la condición de contribuyente para pasar a ser un cliente de cada uno de los servicios. Por esta vía se constituyeron varios mercados de oferta y demanda de servicios (agua potable, desechos sólidos, alcantarillado, seguridad) con marcos institucionales propios, lo que produjo que los derechos de la ciudadanía se mercantilicen, se fraccionaron y se venga abajo la posibilidad de constituir un capital social sólido.