Estamos cumpliendo el primer año de la nueva alcaldía de Quito presidida por Augusto Barrera. Sin duda se trata de un quiebre respecto del modelo de desarrollo urbano que se venía ejecutando en la ciudad desde principios de este siglo. En esa perspectiva aparecen dos hitos -de decisión más que de gestión- y un componente estructural.

En términos de los hitos tenemos: por un lado, la renegociación del contrato de concesión del nuevo aeropuerto de Quito que permitió que el Municipio forme parte de una alianza estratégica y, como tal, percibir una utilidad importante durante 35 años. Sin embargo, este convenio aún no se perfecciona con su firma, lo cual sigue retrasando la culminación del proyecto. Pero también la vía escogida para el acceso al aeropuerto es la opción menos favorable de las 4 alternativas estudiadas, aunque a su favor esté la construcción en el plazo más breve. Esta visión de corto plazo traerá problemas: no ayuda a la estructura vial del valle, el costo en tiempo y en derecho de uso (peaje) será más alto y el colapso de las vías Interoceánica y Panamericana Norte se incrementará.

Y, por otro lado, el hito de la implantación del sistema “pico y placa” de restricción al uso del vehículo privado permitió que la figura del alcalde alcance visibilidad y legitimidad, mejore la circulación vehicular y genere una cultura ciudadana de importancia. Sin embargo –como habíamos señalado- esta es una medida de corto plazo si no se realizan acciones complementarias de restricción al ingreso de nuevos vehículos, de regulación del mercado de vehículos usados, de cambio de ordenanzas (usos de suelo, estacionamientos), de acciones de “no transporte” (gobierno electrónico), de mejora del transporte público y de construcción de estacionamientos, entre otras. Caso contrario, como ya se escucha, la restricción se incrementará en el tiempo (hoy no circula) y en el número de placa (no el 20% sino el 30%), como ha ocurrido en otros lugares donde se ha implantado el sistema.

El componente estructural de cambio en el modelo de gestión es el más importante. A esta administración municipal le tocó heredar un esquema de la cooperación público-privado, que en la práctica operaba como de gestión pública para beneficio privado. Este modelo condujo a que solo un tercio del presupuesto del Distrito Metropolitana se aprobara en el Concejo Municipal y éste estuviera destinado para uso de 4 secretarías, 14 direcciones, 5 asesorías y 8 administraciones zonales; y dos tercios del presupuesto se aprobara dentro de las 13 empresas, 11 fundaciones, 7 corporaciones y 2 patronatos.

El Alcalde, para cambiar el modelo de gestión introdujo dos medidas fundamentales: la primera, liquidar el conjunto de las instituciones creadas de manera paralela al municipio y la segunda, crear 9 secretarías que generarían una rectoría pública en los sectores de intervención. Pero este proceso tuvo varios traspiés, entre los que resaltan: conflictos en el Concejo Municipal que produjeron bajas en el bloque oficialista, inestabilidad en los cuadros directivos (¡4 cambios en cultura!), poca inversión pública en la ciudad, problemas de recolección de basura y de manejo del comercio popular (ferias y mercados) y sobre todo, que no se sepa con claridad el “Quito que hacemos es el Quito que queremos” porque no hay un plan explícito.