El presidente de la República, Rafael Correa, invitó al Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales a que visite el Ecuador para que formule sugerencias de política alrededor de la inseguridad ciudadana que vive el país. Su presencia durante el 5 y el 15 de julio en el país produjo un pequeño documento que contiene muchos elementos conocidos y de sentido común, que cualquier observador medianamente interesado podría percibir. Sin embargo, algunos componentes del informe deben ser resaltados, en la perspectiva de encontrar salidas a los problemas de inseguridad que vive el país.

Es claro que en Ecuador hay un incremento de la inseguridad ciudadana medida por la tasa de homicidios (en los últimos 20 años se duplicó), que tiene como contraparte un crecimiento proporcionalmente superior de la impunidad; con lo cual el segundo termina siendo un elemento constitutivo del primero o, si se quiere, que ha entrado en una dinámica de causación circular compleja: solo el 98.7 por ciento de los homicidios denunciados terminan con sentencia en firme ¡gran aliciente para el crimen! Otro elemento importante es el cambio en la composición de los tipos de homicidios, donde el sicariato se presenta como lo novedoso en un doble sentido: por un lado, porque se percibe un incremento importante desde hace cinco años, al extremo que se va haciendo endémico, y por otro lado, que en la composición de las modalidades de homicidios el sicariato ya representa entre un 12 y 14 por ciento de los homicidios. Es una problemática no menor que debe ser asumida de manera urgente en las políticas. El Relator señala explícitamente que “es claro que el conflicto colombiano se ha desbordado hacia Ecuador” y señala algunas de sus formas: personas que están atrapadas entre grupos armados, incremento del refugio, ingreso de grupos armados para abastecerse en los mercados locales, trafico de drogas, precursores y armas; aumento de las zonas de entrenamiento para el combate, acrecentamiento del refugio; además de la utilización de mecanismos de control bajo formas de acoso e intimidación, la imposición de “impuestos” y la realización de reclutamiento forzado. Nos señala también que la opinión pública del país no discrimina claramente entre los linchamientos que crecen en el país y la aplicación de la justicia indígena, al extremo que se los confunden; aunque en realidad habría que decir que -esta supuesta confusión- es interesada, en unos casos por temas racistas y en otros por razones políticas de oposición al proceso que vive el país. El primer caso se presenta bajo formas espontáneas, grados de violencia altos, instrumentos precarios y en el segundo bajo rituales reconocidos y con un sentido de justicia inscrito en la sanación y no en el castigo; por eso no se reconoce la existencia de muertos. Una situación como la descrita apela a la necesidad reformas importantes en la totalidad del sistema de justicia penal del país, para que el servicio policial realice investigación seria, el servicio de investigación fiscal se preocupe por la condena de los crímenes, el servicio judicial mejore su eficiencia en la administración y el servicio carcelario –realidad siempre olvidada- logre la rehabilitación y reinserción de los internos.