Las fronteras en la actualidad son expresiones de realidades múltiples, al extremo de que en una frontera se pueden encontrar varias en simultáneo; porque se trata de la confluencia de situaciones asimétricas y heterogéneas. No solo que existen diferencias frente al otro distinto, sino que también se presentan una multiplicidad de aristas, tales como: económicas, políticas, sociales y culturales. De allí que las políticas que se diseñen deban seguir esta lógica plural y no continuar con el error de tener una sola propuesta para la totalidad y que ésta sea elaborada de manera distante de la frontera y con desconocimiento de la misma. De esta afirmación se puede decir que, al menos, existen dos dimensiones de la diferenciación que interesa resaltar: por un lado, que hay una realidad que viene de la condición “nacional” del encuentro de los dos países como un todo, al extremo de que la esencia de la propuesta principal será de seguridad nacional y el lugar donde se confeccione será la capital; más aún, por el carácter centralista de la organización del Estado. El contenido girará alrededor de tres componentes: la soberanía nacional asumida por las Fuerzas Armadas, las relaciones diplomáticas de correspondencia de la Cancillería y el control del flujo económico como competencia del Ministerio de Economía y el Servicio de Rentas Internas. Y por otro, existe una realidad que nace en la cualidad “local” de la vida cotidiana de los habitantes, de los actores y de las instituciones enclavadas en la zona transfronteriza. En este caso lo que existe es una demanda que no logra constituirse en una propuesta explícita, debido a la velocidad de la dinámica fronteriza, a la heterogeneidad de las realidades, a la fragmentación social y a las debilidades del marco institucional. Tampoco se debe descartar el hecho que existe un déficit de desarrollo y una baja presencia del Estado en la frontera, que hace presa fácil de las prácticas ilegales que allí se desarrollan (intimidación, infiltración, corrupción), minando la posibilidad de construir un proyecto colectivo para la región. Frente a esta realidad dual y como consecuencia del recrudecimiento del conflicto colombiano desde el año 2000, se produjo un desplazamiento de miles de personas hacia el Ecuador con el ánimo de salvar sus vidas y las de sus familias. El reconocimiento de esta realidad del refugio se realiza por razones humanitarias y requiere de un proceso de formalización mediante el llamado Registro Ampliado de Refugiados, que es una práctica normada internacionalmente, que nace como respuesta a las demandas de seguridad personal y de supervivencia de un grupo humano que es perseguido en su país y que, por lo tanto, requiere de protección internacional. El sentido del Registro Ampliado es el de brindar protección a esta población desplazada mediante la legalización de su presencia en el país y de contar con suficiente información para diseñar políticas de resguardo, lo que requiere de la participación coordinada de varias instituciones sociales e institucionales.