El Ecuador no ha contado con una política criminal explicita, manifestada en un Plan Nacional reconocido socialmente y legitimado políticamente. No obstante, durante estos últimos años han existido intentos por diseñarlo, tomando en cuenta tres dimensiones importantes, primero, que se lo considere más allá del binomio delito-pena, segundo, que en su diseño y práctica deban participar un conjunto de instituciones, y tercero, que su estrategia pueda ser sostenida en el tiempo como política de Estado.